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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), las constancias de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para el esclarecimiento del caso.
“La CNDH tiene un compromiso con las madres y padres de los normalistas, el mismo que tiene con el pueblo de México que reclama la resolución de este lamentable hecho que nos sigue lastimando, por lo que continuará trabajando para aportar y coadyuvar a su esclarecimiento, con todos los instrumentos legales de que dispone, como lo ha venido haciendo en esta administración”, señaló la institución.
Resaltó que el 18 de octubre de 2021, inició la queja CNDH/2/2022- 505/VG y abrió un nuevo expediente para investigar presuntas violaciones a derechos humanos a partir de nuevos hechos y elementos respecto de los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Expresó que de las declaraciones de dos integrantes del GIEI, con motivo de la presentación de su sexto y último informe, se desprende que en el trabajo que realiza la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa existen actuaciones pendientes de continuar que son trascendentes para la investigación.
Indicó que la resolución del caso “sigue lastimando” al pueblo de México, por lo que “continuará trabajando para aportar y coadyuvar a su esclarecimiento con todos los instrumentos legales de que disponga como lo ha venido haciendo en esta administración”.
Este martes, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dieron a conocer su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En su reporte, concluyen que marinos, miembros del Ejército Mexicano, policías, funcionarios de Iguala, en donde sucedieron los hechos, así como del estado Guerrero, además de órganos de inteligencia supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, la ubicación de los jóvenes.
Enumeraron una serie de evidencias que acreditan la actitud de dichas instituciones para no abrir los archivos del caso.
“El músculo del Estado estaba presente, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha significado el ocultamiento de responsabilidades y se ha constituido, en sí misma, en una responsabilidad del Estado sobre la desaparición de los jóvenes”, dijo Beristain.
Señaló que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó una apertura al GIEI, la realidad es que tuvieron que escudriñar en los archivos del Estado para obtener la información, incluso alguna de la cual estuvo a punto de ser tirada a la basura.
“El núcleo de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos y oculta parte sustancial de los mismos. Las respuestas de negación de Sedena, Semar y CNI, es un comportamiento más corporativo que comprometido con el conocimiento de la verdad”, agregó.
Aseguró además que de la opacidad de la Sedena, Marina y el Centro Nacional de Inteligencia se ha informado al presidente López Obrador y consideraron que esa actitud amerita una sanción, pero es el propio gobierno mexicano el que debe investigar y resolver.
El GIEI, que se sumó a las pesquisas sobre el crimen contra los estudiantes del magisterio de la noche del 26 de septiembre de 2014 a pedido del anterior gobierno federal, destacó que autoridades obstaculizaron sistemáticamente la información y construyeron una versión falsa de los hechos alrededor del crimen contra los jóvenes.
