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A menos de dos semanas de concluir su encargo como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez admite que “no ha sido sencillo mantener la autonomía” de la institución.
Recuerda que en 2014 se comprometió a ser un ómbudsman incómodo y que desde ese momento ha enfrentado “tormentas y huracanes” por la reacción del gobierno federal ante el posicionamiento de la CNDH en temas como la Ley de Seguridad Interior, la presunta ejecución extrajudicial de más de 15 civiles en Tlatlaya, la Guardia Nacional y la modificación de las normas de operación de las estancias infantiles, entre otros.
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fueron los presidentes con los cuales convivió González Pérez, pero de este último desacredita los pronunciamientos “sin sustento” que ha hecho en contra del organismo autónomo —acusó a la CNDH de tener poca moral y de ser omisa en casos como el incendio de la Guardería ABC—.
Sobre el riesgo que enfrenta la comisión de perder su autonomía en los próximos cinco años, el ómbudsman dijo ser optimista en que el Senado de la República elegirá a alguien alejado de las autoridades para presidir la CNDH.
¿Se va satisfecho con su trabajo?
—Me siento satisfecho con el esfuerzo que hicimos, pero muy insatisfecho con los retos y desafíos en materia de derechos humanos; con no tener 100% de cumplimiento de las recomendaciones; con las 40 mil desapariciones; con la grave violencia contra mujeres, periodistas y defensores civiles; con lo que sucede en los penales de algunas entidades federativas y con la tortura que subsiste.
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¿El país cambió en los cinco años que usted fue ómbudsman?
—En derechos humanos hay claroscuros, porque avanzamos normativamente. Nos dimos leyes perfectibles, pero con grandes estándares. El gran problema para México es la materialización de esas leyes; por ejemplo, no se han materializado las comisiones locales de búsqueda [de desaparecidos] y hay estados que todavía no tienen sus comisiones de atención a víctimas o no cuentan con fondos. Tenemos un Estado débil de derecho y una fragilidad institucional en la administración y procuración de justicia.
¿Cómo tomó la comisión de los derechos humanos? ¿Cómo la deja?
—En mi gestión ejercimos con plena autonomía e independencia. Desde noviembre de 2014, dije: “El ómbudsman dialogará, colaborará, interactuará y se coordinará, pero será incómodo”, y eso no es por molestar, sino para que se respete el derecho de las víctimas.
Un ejemplo es que en los gobiernos pasados y en éste ha habido cuestiones de intereses. Hemos impugnado leyes con acciones de inconstitucionalidad, como la Ley de Seguridad Interior. Nosotros queremos más y mejor seguridad, claro, pero que sea conforme al bloque de constitucionalidad.
¿Es difícil mantener la autonomía?
—No es sencillo, desde luego, ya que se dejan sentir las tensiones que se generan porque no se entiende la pedagogía y el trabajo de la institución. Cuando emitimos una recomendación, no buscamos agraviar a nadie. La mejor contribución que podemos dar es la solidez de nuestros pronunciamientos.
¿Fueron muchas las presiones?
—Tanto en el pasado como en el presente, determinaciones de este organismo en el ejercicio de su autonomía no han gustado y le han generado tensiones al ómbudsman. Lo que no puede suceder es que se pierda la interlocución, se descalifique sin sustento o se estigmatice a la institución. Sí hubo molestias en el pasado y en el presente.
¿Hay riesgo de que la comisión pierda su autonomía?
—Ese es el gran reto para el Senado: elegir el perfil que ejerza autonomía e independencia. Yo no estoy seguro, pero quiero creer en que quien encabece la CNDH los próximos cinco años, hombre o mujer, responda a las víctimas ejerciendo esas características. Siempre me gusta ser optimista, quiero pensar siempre en positivo, aunque sin dejar de ser realista.
Hay candidatos a la CNDH a quienes se les ha ligado a un partido político, ¿es indicado que se postulen?
—Ese es un proceso del Senado de la República y no me quiero pronunciar. Lo que sí debo decir es que los Principios de París establecen que una de sus características [del ómbudsman] es que se ejerza autonomía e independencia.
¿Qué le recomendaría usted al próximo ómbudsman para que ejerza su autonomía?
—Que haga uso de las atribuciones; ahí está el mandato, lo que establece la ley. Ejercer esa autonomía significa no dejarse influenciar por poderes públicos y privados. También debe practicar lo que resulte de las pruebas del expediente, ser la magistratura de opinión que alce la voz a favor de las víctimas.
En el último Plan Nacional de Desarrollo se estableció fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones, ¿hubo este esfuerzo?
—Supe que había una iniciativa en el Congreso para que fueran obligatorias las recomendaciones y, en su momento, opiné que eso sería desnaturalizar la institución, porque de avalarse la obligatoriedad habría etapas procesales y se convertirían en actos de autoridad con posibilidad de irse al amparo.
Pero más allá de eso, se requiere esa voluntad política de aceptación y cumplimiento de las recomendaciones. Estoy seguro de que en el caso de la recomendación de las estancias infantiles, si le hubieran informado bien al Presidente, se hubiera dado cuenta de que lo que pedíamos era un sistema que alcanzara para los estándares internacionales del interés superior del niño y del interés de las madres trabajadoras.
Parece que a este gobierno no le gusta la crítica…
—El disenso no debe ser motivo de estigmatización y descalificación, sino de diálogo, discusión; además debe ser fuerte, vigoroso. México necesita de la unión, de la diversidad y la pluralidad, porque la unión no significa pensamiento unívoco. México es un mosaico de ideologías, pero esas ideologías las debemos unir a través de la razón y del derecho.
Hay un sector del Senado que ya no quiere que el titular de la CNDH sea académico e investigador, ¿quedó a deber este perfil?
—Yo hablo por mí, porque no respondo a grupos, sino a mis convicciones, y ahí está lo que yo ejercí. ¿Quedan pendientes? Sí. ¿Hay cosas que modificar? Sí. ¿Hay que mejorar los procesos de las recomendaciones para que sean más oportunas? Sí, pero aún hay que entender que las complejidades son mayores.
Las ONG aseguran que lo más cuestionable de su gestión fue la recomendación por Ayotzinapa, ¿le cambiaría algo?
—No, la recomendación salió cuando se agotó la investigación desde los derechos humanos. Yo los invito a que se asomen: no hay ningún trabajo de sistematización como el que hizo de Iguala la CNDH, de un millón de fojas que se analizaron y se vertieron en una recomendación de 2 mil 200 páginas. Además, nosotros no avalamos la verdad histórica, sino que dimos una segunda ruta; recuerde que los estudiantes fueron a parar al basurero de Cocula y nosotros fuimos los primeros en hablar de la ruta de Huitzuco. Se puede opinar de esto, pero ahí están las pruebas que avalan el sustento de nuestra recomendación.
Se emiten muchas recomendaciones, pero los temas son reiterativos, ¿le faltó algo a la CNDH para que esas violaciones ya no se cometieran?
—Son 380 recomendaciones de 2015 a septiembre de 2019 y 21 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos. Pero tenemos que invertirlo: no es por la CNDH [que siguen las mismas violaciones a derechos humanos], sino por las autoridades, que no corrigen esas circunstancias, porque muchas veces no tienen el personal o se incurre en la negligencia, en el caso de los servicios médicos.
