Por continuos cortes de agua, tarifas de cobro excesivas y contaminación en los ecosistemas de la Zona Metropolitana de Veracruz como manglares y arrecifes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobierno de Veracruz, así como las presidencias municipales de los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo.
En un comunicado, el organismo precisó que las referidas instancias vulneraron los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y de participación y acceso a información pública en materia ambiental de las personas habitantes de la Zona Metropolitana de Veracruz.
Dijo que el 30 de noviembre de 2021 se presentó la queja ante la CNDH en la que se señalan irregularidades en la prestación del servicio público de agua potable.
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La investigación de la Comisión Nacional confirmó la contaminación de las aguas superficiales en la Zona Metropolitana, la insuficiencia e ineficacia de la regulación de los servicios de agua potable, saneamiento y tratamiento, y los daños a los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) por descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado.
También se señaló la falta de medición efectiva y en tiempo real de caudales entregados y descargados por hogar, las dilaciones en la resolución de los Procedimientos Administrativos Ambientales, y la falta de efectividad respecto a los usuarios que descargan aguas residuales, así como en la rendición de información y por parte de las autoridades locales sobre la falta de regulación y gestión del agua para los servicios urbanos.
Derivado de las pruebas recabadas, la CNDH recomendó a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que junto con las demás autoridades recomendadas se coordinen para colaborar en el plan de remediación y prevención para controlar y mitigar la contaminación ambiental de los cuerpos de agua.
Además, efectuar un recorrido por la zona costera para llevar a cabo un inventario de los puntos de descarga que permitan verificar las condiciones en las que operan y, en caso de encontrar irregularidades, iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y concluir a la brevedad los ya iniciados e impartir cursos especializados en derechos humanos para evitar hechos como los que dieron origen a la Recomendación en comento.
El Gobierno de Veracruz, por su parte, deberá desarrollar un instrumento de gestión para atender los daños ocasionados, que incluya a las autoridades federales recomendadas y a la sociedad civil. Además, deberá monitorear el nivel de contaminantes, ordenar la regularización de los permisos de extracción y descarga de agua, e implementar medidas de mitigación y control de la contaminación provocada por descargas residuales municipales sin tratamiento previo, entre otras medidas..
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