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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 182VG/2025 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para garantizar una reparación integral a una familia afectada por violaciones graves a sus derechos humanos, ocurridas en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, y atribuibles a exintegrantes de la entonces Policía Federal (PF).
La CNDH indicó que, en 2010, la Policía Federal cometió graves violaciones a los derechos humanos en agravio de una familia que fue detenida de forma arbitraria, y retenida ilegalmente por más de 12 horas, donde uno de sus integrantes fue sometido a actos de tortura física y psicológica con la intención de obtener una confesión.
Señaló que esto ocurrió fuera del marco legal y vulneraron su libertad personal, seguridad jurídica, integridad física y trato digno, según lo documentado por el organismo. Además, la separación forzada de ambos padres afectó a sus tres hijos menores, impactando su desarrollo emocional, social y fracturando el núcleo familiar.
Ante ello, especialistas de la CNDH subrayaron la urgencia de reconocer la magnitud de estas violaciones que afectaron profundamente la integridad, libertad y desarrollo de toda una familia, y reiteraron la obligación de la SSPC de garantizar verdad, justicia y reparación integral con un enfoque humano, familiar y de derechos, que restituya su dignidad, acompañe la reconstrucción de su proyecto de vida y asegure medidas efectivas de no repetición, priorizando siempre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, enfatizaron que la Secretaría involucrada debe actuar con urgencia y sensibilidad para inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas, otorgarles atención psicológica especializada y continua, y asegurar medidas de compensación que respondan a sus necesidades reales.
Asimismo, la dependencia sostuvo que “frente a hechos que vulneran la integridad y los derechos de las personas, la CNDH actúa con firmeza y responsabilidad para promover cambios estructurales que prevengan su repetición, asegurando que las víctimas reciban atención integral”.
mahc/apr