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Al accionar su arma contra un vehículo en el que viajaban cuatro personas, un elemento de la Guardia Nacional (GN), lesionó a una de ellas provocando más tarde su muerte. Por esta causa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 108VG/2023 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional.
En un comunicado, el organismo precisó que los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2019 en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
De acuerdo con la relatoría de hechos, aproximadamente a las 13:30 horas de ese día dichas personas transitaban sobre la carretera hacia el Ajusco cuando, repentinamente, se les emparejó un vehículo de la Guardia Nacional, cuyos elementos les ordenaron detenerse.
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Al no escuchar la orden, el conductor del vehículo continuó su marcha, por lo que fueron alcanzados y un elemento de seguridad accionó su arma de fuego contra del conductor, quien perdió el control del auto y se impactó contra un poste.
Las víctimas fueron sometidas con golpes y agresiones verbales, al tiempo que les preguntaban “por la madera y las herramientas para tala”.
Posteriormente, se percataron de que el conductor se encontraba lesionado, por lo que los propios elementos de la GN lo trasladaron un hospital cercano y luego a un hospital de alta especialidad, donde falleció 15 días después.
La CNDH expuso que la actuación del personal de seguridad incurrió en violaciones graves al derecho humano a la vida de la persona fallecida; así como a la integridad personal y seguridad jurídica de sus acompañantes por uso excesivo de la fuerza letal en su contra.
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Aun cuando la Guardia Nacional negó en todo momento la participación de sus agentes, la CNDH encontró durante su investigación diversas evidencias documentales que acreditan su actuación en los hechos señalados, entre ellos: actas circunstanciadas que contienen entrevistas a las víctimas, quienes identificaron a sus agresores.
También testimonios recabados dentro de la carpeta de investigación iniciada; el informe y los registros de ingreso presentados por el director del Hospital General Ajusco Medio, donde fue canalizada la víctima; y el dictamen pericial en criminalística de campo emitido por la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otros.
La CNDH pudo determinar que, durante su actuación, los elementos de la GN omitieron observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que son esenciales para el uso de la fuerza. Respecto al principio de legalidad, el agente que accionó su arma no se encontraba frente a una amenaza real e inminente a su vida e integridad o la de terceros que ameritará el uso de su arma letal, por lo cual no se acreditó el cumplimiento de un fin legítimo y el empleo de la fuerza tal como ocurrió.
En materia de rendición de cuentas, se advirtió que las personas servidoras públicas de esa corporación incumplieron el procedimiento de asentar en su informe las circunstancias en que ocurrieron los hechos ni tampoco reportaron el despliegue del uso de la fuerza letal por parte de uno de sus compañeros, situación que incidió directamente en el análisis de los hechos y propició su impunidad.
Por otro lado, la CNDH también constató la violación al derecho a la integridad personal de las otras tres víctimas que viajaban en el vehículo, entre ellas un adolescente, toda vez que las amenazas y agresiones injustificadas de las que fueron objeto les generaron angustia y miedo; mientras que el uso del arma de fuego les ocasionó alteraciones psíquicas, emocionales y puso en riesgo su integridad.
Por la gravedad de las violaciones a derechos humanos, la Comisión Nacional pidió a la Guardia Nacional efectuar los trámites administrativos necesarios para que se proceda a reparar integralmente el daño causado a las víctimas directas e indirectas y se les otorgue la medida de compensación establecida en la Ley General de Víctimas, así como solicitar que se les brinde la atención médica, psicológica y tanatológica, así como los medicamentos y materiales necesarios para su rehabilitación.
Además, deberá garantizar a las víctimas indirectas, personas menores de edad, acceso a servicios de educación y gestionar una beca o mecanismo similar en su favor para que puedan continuar y concluir sus estudios hasta el nivel medio superior; sin detrimento de que en caso de que deseen continuar con su formación universitaria, puedan solicitar la continuidad en el otorgamiento de dicho apoyo.
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