Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) cometieron actos de tortura en 2012 contra una persona detenida, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a esa institución dirigida por el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
En un comunicado, el organismo precisó que recibió la queja de una persona quien señaló haber sido detenida el 12 de septiembre de 2012 por personal de la Semar en Tampico, Tamaulipas, que lo trasladó a sus instalaciones sin ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes de manera inmediata. Al día siguiente, se confirmó médicamente que presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo.
La investigación realizada por la CNDH corroboró violaciones graves a los derechos humanos en cuanto a la integridad personal y al trato digno, por tratos crueles, inhumanos y degradantes atribuibles al personal de la Secretaría de Marina. Los dictámenes y certificados médicos elaborados por distintas dependencias evidenciaron que la víctima había sufrido afectaciones físicas.
Lee también Inicia pasarela de aspirantes a presidir CNDH; no habrá vetos, asegura Morena
Sin embargo, el personal naval argumentó que la detención tuvo lugar el 13 de septiembre, las pruebas documentales de la causa penal indican que los hechos ocurrieron un día antes de lo afirmado por las autoridades.
En consecuencia, la CNDH recomendó a la Secretaría de Marina colaborar para la reparación integral del daño causado a la víctima, así como proporcionarle, con su consentimiento y en caso de que lo requiera, atención médica y psicológica. Además deberá colaborar con la investigación iniciada tras la denuncia que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los servidores públicos involucrados.
Adicionalmente, la Semar debe instar a su personal en Tampico, Tamaulipas, a que se cumpla con el mandato constitucional del respeto de los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno de todas las personas, independientemente de su situación legal, para garantizar que todas las actuaciones se realicen con apego a la legalidad.
jf/bmc
