El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) clasificó como información reservada por cinco años los resultados de las auditorías a la institución, al asegurar que con su difusión pública “grupos antagónicos o del crimen organizado podrían usarla para desestabilizar al Estado mexicano”, así como atentar y extorsionar a funcionarios de ese organismo.
En el acta CNI/CT/085/24 del 16 de octubre de 2024, el Comité de Transparencia del CNI resolvió clasificar las auditorías al afirmar que contienen información de seguridad nacional cuya difusión pública podría generar daños a los intereses nacionales, por lo que podrán ser públicas hasta 2029.
“La difusión por cualquier medio de la información que nos ocupa puede comprometer parte del sistema de seguridad nacional, toda vez que, en caso de que por cualquier razón obre en poder de grupos antagónicos o del crimen organizado, podría ser utilizada para desestabilizar al Estado mexicano o actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad nacional, ya que podría anular la operación del CNI.
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“Por lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda la información solicitada. Ello, debido a que contiene información de seguridad nacional cuya difusión podría generar daños a los intereses nacionales”, indicó.
Criminales podrían extorsionar o atentar contra funcionarios
El Comité de Transparencia del CNI afirmó que existe un “riesgo real, demostrable e identificable” en caso de difundirse las auditorías al señalar que se pone en riesgo la vida de servidores públicos, pues al divulgarse sus nombres los miembros de la delincuencia organizada podrían identificarlos, amenazarlos o incluso extorsionarlos.
“Se pone en peligro la vida de los servidores públicos, toda vez que la divulgación de sus nombres permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos, a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las operaciones que realiza el sujeto obligado o sobre su forma de organización, y con ello anticiparse a las acciones que realizan.
“Se podría atentar contra la integridad y seguridad de los servidores públicos; además, propiciaría que grupos de la delincuencia organizada pudieran estar interesados en intentar algún tipo de acción en contra de éstos. Se pondría en riesgo la vida y la libertad de los servidores públicos de mérito e incluso de sus familiares, ya que dar a conocer la información solicitada permitiría que grupos delictivos los identificaran y realizaran acciones ilícitas en su contra”, puntualizó.
Daños irreparables a seguridad nacional
El documento argumenta que de revelarse las auditorías se podrían vulnerar políticas de seguridad nacional, lo que representaría una ventaja para aquellos interesados en desarticular las acciones encaminadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, y consecuentemente daños irreparables a la seguridad nacional.
“Se revelarían datos sustantivos a partir de los cuales pudieran inferirse capacidades de operación, lo que podría vulnerar políticas de seguridad nacional en las que se vislumbran objetivos y recursos humanos, materiales y tecnologías utilizados por este órgano desconcentrado, representando con ello una ventaja para aquellos interesados en desarticular las acciones encaminadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, y consecuentemente daños irreparables a la seguridad nacional.
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“En adición a lo anterior, los resultados de las auditorías contienen datos de estructuras y/o nombres de las personas servidoras públicas en la redacción de los mismos o al personal que se dirigen, cuya divulgación daría a conocer la estructura y directorio institucional, información que se encuentra reservada con base en resuelto por el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
En la página 5 de la resolución el Comité de Transparencia consideró que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que difundan la auditorías, pues esto permitiría identificar a las personas físicas que poseen datos estratégicos del Estado relativos a la seguridad nacional, aunado a que se pondrían en riesgo su misión, su vida, su integridad y la de sus familiares.
“Por lo expuesto, es importante precisar que de conformidad al artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho de acceso a la información no es absoluto y admite excepciones, situación que acontece en el presente caso, toda vez que las actividades en materia de seguridad nacional es información reservada”, dice.