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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enfatizó que el caso Ayotzinapa no se cierra porque no continúe su labor, luego de que la semana pasada presentó su sexto y último informe en el que señaló que miembros de la Marina torturaron a detenidos.
“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”, consideraron en un mensaje final Ángela Buitrago y Carlos Beristain.
Indicaron que en ningún momento realizaron valoraciones políticas ni manifestaron opiniones personales, así como tampoco dejaron que las discusiones políticas en México pudieran condicionar la autonomía e independencia del propio GIEI.
Los expertos resaltaron que han proporcionado análisis con base en las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional, y han trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado deteriorada en el país por décadas.
“Para los familiares y víctimas del caso, el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y, sobre todo, de esperanza. Es esa esperanza de las familias y de la propia sociedad la que necesita respuestas. ¡Gracias, papás, mamás y familiares!”, destacaron.
Buitrago y Beristain manifestaron que el GIEI llegó a México en marzo de 2015 como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y de coadyuvancia en la investigación mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordaron que después de un periodo inicial de 14 meses en el que el GIEI mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo por la entonces Procuraduría General de la República regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno y los padres a través de un acuerdo internacional con la CIDH.
Los expertos indicaron que las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas y en el primer periodo de trabajo, en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionan la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del Ejército que estuvieron en Iguala la noche de los hechos.
“Con el nuevo gobierno, en 2019 se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, una comisión de la verdad y el GIEI volvió para colaborar en la investigación. El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que llevaban a esclarecer lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
