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Luego que ocho militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, fueron vinculados a proceso por el probable delito de omisión de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, la defensa legal analiza demandar a la jueza del Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo, manifestaron a EL UNIVERSAL que están analizando los recursos legales que interpondrán en contra del auto de formal prisión de los ocho militares, que podría ser un recurso de apelación o una demanda de amparo y también están analizando las posibles responsabilidades penales en materia de delitos de impartición de justicia en las que haya incurrido la jueza.
Insistieron que analizan presentar una denuncia en contra de ella o bien ampliar la denuncia que presentaron hace casi un año al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas ante la Fiscalía General de la República (FGR) señalado por fabricar pruebas en el informe que rindió de manera pública por el caso Ayotzinapa.
Los litigantes expresaron que en el caso de la jueza hay delitos contra la administración de justicia, ya que un juez tiene responsabilidad penal al dejar preso a alguien de manera indebida, además que más de 94 tomos de la causa fueron leídos en 24 horas, pero las pruebas y alegatos que presentó la defensa en 144 horas no los menciona en el auto de formal prisión.
Comentaron que para la jueza la defensa es inexistente, “es como si fuera el Tribuanal de la Santa Inquisición”.
Los abogados recordaron que los uniformados tuvieron contacto con otros normalistas que están vivos y fue en la Clínica Cristina.
“La resolución de la jueza señala esto y lo empieza a mezclar como una ensalada mal hecha, con la desaparición de los que terriblemente fueron desaparecidos, pero no tiene nada que ver con los jóvenes que estaban en la clínica Cristina
“Están acusados por el delito de omisión, es decir el delito se cometió por las cosas que tenías que evitar como servidor público y que no hiciste para evitar que desaparecieran los jóvenes cosa absolutamente falsa porque ellos no estaban presentes cuando desaparecieron… los normalistas fueron entregados a la Policía municipal por parte de Guerrero Unidos”, expresaron los abogados.
Indicaron que la consignación de la Fiscalía, el libramiento de las órdenes de aprehensión y el auto de formal prisión no solamente somete a un procedimiento de manera indebida a los militares y al Ejército sino que aleja a los familiares de las víctimas del conocimiento de la verdad y Encinas que criticaba la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, “no sabemos si está haciendo lo mismo que Murillo o peor, cada acto que ha hecho el gobierno a alejado a las víctimas de que puedan conocer la verdad”.
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El lunes, Encinas informó que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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