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Por el "cochinero" que han hecho de la investigación, los abogados de los ocho militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa anunciaron que interpondrán denuncias penales contra los servidores públicos involucrados en la integración de la acusación por delincuencia organizada contra sus defendidos, incluido el exsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
Alejandro Robledo y César Omar González, representantes legales de los elementos presos en el Campo Militar 1-A, acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Roberto de los Santos Eduviges, Uri Yashiel Reyes Lasos, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Díaz, Gustavo Rodríguez de la Cruz y Juan Sotelo Díaz, con base en dichos de los testigos protegidos "Carla" y "Neto", integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que en años anteriores negaron.
En conferencia de prensa, el abogado Alejandro Robledo afirmó que misteriosamente, luego de haber escuchado desde la Secretaría de Gobernación la "amenaza" de solicitar nuevas órdenes de captura contra el grupo de militares, la FGR echó mano de los testigos de identidad reservada "Carla" y "Neto", integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y que participaron directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, "señalando ahora que por temor y miedo no habían declarado, lo cual es falso, ya que habían rendido declaración en diversas ocasiones, incluso pidiendo perdón a Dios por sus delitos, y a más de 12 años recuerdan hechos, circunstancias, detalles para identificar e imputar a personal militar, situación absolutamente anormal y poco creíble ".
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Robledo Carretero expuso que en su declaración del 22 de enero pasado, "Carla" aseguró que los soldados recibían dinero de Guerreros Unidos en los puntos o filtros de revisión que ellos ponían.
"En esa misma diligencia se le ponen a la vista diversas imágenes y manifiesta reconocer algunas personas, siendo que en sus anteriores declaraciones y tener fotografías a la vista, no habían realizado tal reconocimiento", indicó.
Respecto a la declaración del testigo "Neto" Robledo Carretero comentó que la parte más relevante y que llamó la atención, es que, a más de 14 años de los hechos, manifiesta recordar nombres de al menos 15 personas pertenecientes a diversas dependencias.
Por ello, el abogado Alejandro Robledo señaló que "al igual que en su momento presentamos denuncias de carácter penal en contra del subsecretario (Alejandro Encinas), en esta nueva etapa del caso vamos presentar denuncias penales esta semana en contra de los servidores públicos que se encargaron de integrar esta lamentable investigación, todos los que se vieron involucrados en esto, obviamente al subsecretario Encinas, y también estos testigos protegidos que tienen mucho miedo por delitos contra la administración de la justicia".
Por su parte, el abogado César Omar González refirió: "El cochinero que han hecho en esta administración y proceso del caso lo único que ha logrado es empañar todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas, una vez más, del acceso a la justicia y la verdad.
Cada vez estamos más lejos y se antoja complicado, por no decir imposible, que vayamos a tener acceso a la verdad con todo el mugrero que estamos viendo".
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Ambos abogados precisaron que en esta nueva acusación por el delito de delincuencia organizada contra los ocho militares, los testigos "Carla" y "Neto", no pudieron ser entrevistarlos por la defensa, ya que uno de ellos estaba enfermo y el otro no fue localizado.
“Nosotros esperábamos que con la misma eficiencia y premura y de forma exprés y cumpliendo y atendiendo todos los principios de inmediación m, deber de lealtad objetividad y debida diligencia el agente del ministerio público que se encargó de integrar esta marranada adscrito a la unidad especializada de investigación por el caso Ayotzinapa presentaría a sus testigos estrella evidentemente esto no ocurrió para nosotros ambas entrevistas para estar dirigidas con la única hiper perversa finalidad de inculpar al personal militar esa hora es el personal militar quien está haciendo perseguido son perseguidos de Estado son perseguidos políticos”, acusó el litigante César Omar González.
Los litigantes afirmaron que el caso se ha politizado completamente al tiempo que reiteraron que es una persecución política y un “cochinero” y difícilmente podremos acceder un día a la verdad.
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