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Senadores y diputados de oposición calificaron de muy grave que el Cártel de los Arellano Félix pueda estar detrás de los últimos dos crímenes de periodistas en Baja California, y cuestionaron el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ha sido incapaz de protegerlos ante estos atentados.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, consideró que es “muy grave, muy delicado” lo que revela la investigación de EL UNIVERSAL en el sentido de que sicarios ligados a un cártel estarían detrás de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ocurridos en Tijuana.
“Se deben investigar todas las líneas hasta sus últimas consecuencias, haya sido delincuencia organizada y cárteles o no. Lo cierto es que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, tanto a nivel federal como local, está fallando”, dijo en entrevista.
El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, fue cuestionado sobre si deben investigarse los vínculos del exgobernador Jaime Bonilla con el asesinato de Lourdes Maldonado, a lo que respondió que se deben agotar todas las líneas de investigación en este y todos los crímenes de comunicadores.
“Al final de lo que estamos hablando es de la pérdida de vidas humanas y se debe investigar hasta sus últimas consecuencias, más allá de cómo hayan sucedido los hechos, haya sido por delincuencia organizada o no”, dijo.
Por su parte, diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) afirmaron que la implicación del Cártel de los Arellano Félix en el asesinato de ambos periodistas sólo se explica por la colusión entre el gobierno y el crimen organizado.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en San Lázaro, advirtió que en los homicidios de los periodistas se desestimaron diversas líneas de investigación.
“Lo que se ha documentado es que, por un lado, este clima de violencia no se podría entender sin las omisiones del gobierno y, por el otro lado, es claro que el Presidente cometió un error al desestimar líneas de investigación, porque el clima no se explicaría sin la colusión entre crimen organizado y el gobierno”, dijo.
Jorge Romero coordinador del PAN en la Cámara Baja, señaló que el crimen organizado opera impunemente en el país, en detrimento de la labor periodística.
Recordó que ayer envió una carta a la ONU para solicitar su intervención en México, “porque aquí la CNDH no existe y no emite recomendaciones”.
El líder del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que la política de abrazos y no balazos abona al clima de impunidad “e incita a la delincuencia organizada a cometer este tipo de atroces crímenes sabiendo que nadie los perseguirá”.
Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, señaló que, independientemente de quién resulte responsable de los asesinatos de periodistas en México, lo que se requiere es que haya justicia en todos los casos y no sólo una política de control de daños.
Germán Martínez Cázares, también del Grupo Plural, exigió castigo para los autores de esos crímenes, pues advirtió que quienes los han ejecutado son criminales, “sean servidores públicos, sean el gobierno, el crimen organizado, yo exijo que se aclare y que se transparente. Que los procesos en las etapas procesales se tienen que transparentar, ni antes ni después, porque yo entiendo el sigilo de las investigaciones, pero se debe transparentar para que sea ejemplar el castigo, porque lo que es ejemplar es la impunidad en México”.
