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Señor Director:
Con respecto a la nota bajo el título Sembrados. Autoridades fabrican delitos, publicada el 17 de marzo del presente en el periódico EL UNIVERSAL, página 11 de la sección Nacional, nos permitimos hacer los siguientes comentarios:
En la nota se refieren dos hechos. El primero del 3 de febrero del 2019 en Ixtapaluca, Estado de México. El segundo evento refiere hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2017 en Manzanillo, Colima.
Para el primer caso se cita:
“…la casa estaba llena de personas, eran militares, policías federales, estatales, hombres vestidos de negro…” en referencia a que personas ingresaron en un domicilio particular el 3 de febrero del año en curso para detener a Roberto Felipe Luna.
Al respecto, se precisa que la participación del personal militar fue en apoyo a las autoridades civiles, en cumplimiento de la orden de cateo 06/2019, técnica de investigación autorizada judicialmente al Ministerio Público del fuero común, y dicha participación consistió en proporcionar seguridad periférica del área, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del mandamiento judicial.
En cuanto al caso de Nazario Garibay Godínez, detenido en un autolavado en Manzanillo, Colima, en donde la nota periodística expone que “entraron sin orden de cateo cinco elementos de la Marina y cuatro de la Policía Estatal a las 22:49 [horas] del 11 de noviembre de 2018” y una serie de acontecimientos, es preciso destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento del hecho, y como lo señala la propia nota, “no se cuenta con elementos para acreditar conductas posiblemente constitutivas de violaciones a los derechos humanos” por parte de la Secretaría de Marina.
Con respecto a la preocupación manifestada en la nota sobre el riesgo de comisión de abusos por parte de los elementos de la Guardia Nacional, podemos asegurarle que el trabajo hecho hasta ahora por el gobierno de México con respecto a los protocolos de actuación que serán regulados por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, además de la formación estratégica y operativa que recibirán todos los elementos, responde a una de las preocupaciones centrales de la presente administración: el pleno respeto a los derechos humanos como eje central de todas las acciones de los servidores públicos.
Es preciso señalar que actualmente el personal de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Policía Federal, se encuentran en constante formación y de manera constante se les envía a cursos.
Por lo anterior, considerando la serie de inexactitudes expuestas, esperamos vernos favorecidos con la publicación de esta réplica en el mismo espacio informativo, misma página, con características similares a la información que se aclara y con la misma relevancia.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Comunicado Conjunto
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Respuesta del reportero
Como lo reconocen las dependencias en su carta, en la nota citada se incluyó su posición oficial respecto a los casos de Ixtapaluca, Estado de México, y de Manzanillo, Colima. Asimismo, la preocupación por los abusos en que pueda incurrir la nueva Guardia Nacional fue manifestada por especialistas entrevistados sobre el tema.
Andrés M. Estrada
