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Ante la violencia armada y el tráfico de armas, la canciller Alicia Bárcena señaló que en América “nos encontramos ante una situación de emergencia”, compartida por varios países de la región, que debe de ser atendida y enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que la región americana ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada con la proliferación de armas de fuego en manos de civiles, “que sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo desregulado y que tiene consecuencias de seguridad pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida y a la integridad personal”.
En audiencia pública “Las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”, la secretaria de Relaciones Exteriores indicó que existe amplia evidencia sobre la forma en la que la disponibilidad de armas influye en el aumento de la violencia.
Las estimaciones nos indican que cada año se trafican ilegalmente a México 200 mil armas de fuego: “Y este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, pues en mi patria, la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada”. Destacó que en nuestro país solamente existe un distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México que es administrada por el Ejército, la cual vende, en promedio, 38 armas al día a civiles.
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“La disponibilidad de armas adquiridas ilegalmente es mucho mayor, y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos. Las empresas que fabrican y distribuyen armas en el continente americano lo hacen sin prácticas que aseguren su trazabilidad, o que eviten de alguna forma el desvío hacia segundos propietarios.
“Esta información es conocida e ignorada por las empresas de armas, quienes se abstienen de tomar medidas para prevenir que los productos que fabrican y distribuyen terminen en manos de grupos criminales y, más aún, tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos”, señaló Bárcena.
“No debemos dejar de considerar, además, el impacto diferenciado que tiene la violencia armada en grupos vulnerables, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y la población LGBTI+”, agregó.
La canciller refirió que la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego afecta la situación social y económica de muchas familias, “al hacer que niños, niñas y adolescentes pierdan a sus padres y a sus madres”.
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“El Estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la Corte Interamericana para que, con un enfoque de universalidad e interseccionalidad, analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tiene en el disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos”, declaró.
Ante esta situación, indicó que en los últimos años, México ha implementado diversas acciones legales, Dijo que si bien es importante que las jurisdicciones nacionales garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño en favor de las víctimas, esto de ninguna manera obstaculiza las posibilidades de un tribunal internacional de derechos humanos.
“El Estado mexicano solicita a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre la posibilidad de que las actividades -negligentes o intencionales- de las empresas de armas puedan derivar en vulneraciones a los derechos humanos, como es el caso del derecho a la vida y a la integridad personal.
“De la misma forma, se solicita a la Corte señalar si puede existir responsabilidad por la falta de la debida diligencia de las empresas de armas en sus actividades, y determinar cuáles son las obligaciones tanto de los actores privados como de los Estados en cuyas jurisdicciones realizan sus actividades para proteger y garantizar los derechos humanos”, externó Alicia Bárcena.
“El Estado solicita a la Corte pronunciarse sobre los recursos idóneos que los Estados deben incorporar para garantizar que las personas víctimas de estas prácticas negligentes o intencionales, puedan contar con recursos judiciales que permitan la reparación del daño causado”, dijo.
Mencionó que México sostiene que las empresas de armas deben actuar con debida diligencia en la ejecución de sus actividades comerciales, para evitar efectos negativos en el goce y disfrute de los derechos humanos.
Existen diversos casos judiciales y arbitrajes en el continente americano, en los que se ha determinado que las empresas sí pueden vulnerar derechos humanos, y se han ordenado reparaciones en consecuencia, comentó Bárcena.
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