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maria.saldana@eluniversal.com.mx
El anuncio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco genera una “grave incertidumbre”, deja sin trabajo a 45 mil trabajadores, provoca un “despilfarro” de 120 mil millones de pesos de recursos presupuestales, además de que se espera el incremento de tasas de interés y presión en las finanzas, coincidió el sector empresarial.
En tanto, la clase política también reaccionó a la medida. PRI, PAN y PRD criticaron la cancelación del proyecto Texcoco, mientras que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), consideró exagerado afirmar que bajará la confianza en el país y no habrá más inversiones por la cancelación.
El anuncio del presidente electo obligó a una reunión urgente de representantes de la iniciativa privada. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón —acompañado de los líderes de cámaras y confederaciones que conforman el pleno del organismo—, dijo que “la decisión envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas y a todos los ciudadanos, al incumplir compromisos del Estado mexicano y quebrar el marco jurídico vigente”.
Agregó que “los contratos están dados para Texcoco. Y, una vez que llegue al gobierno, [el presidente electo] tendrá que finiquitar los contratos con costo al patrimonio de la nación y esto costará entre 100 mil y 120 mil millones de pesos que se tirarán a la basura sin ningún objeto”, lo que generará un gasto extra al erario y presionará las finanzas.
Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, con la decisión “pierde el futuro del país” y López Obrador “contraria a los tres postulados éticos que ofreció el presidente electo. No mentir, no traicionar y no robar.
“Lamentamos que no cumpla su palabra. Miente quien primero nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer. Reprobamos que hoy se haya realizado una consulta amañada, esto es una traición a la democracia. Y desde luego, condenamos el despilfarro de recursos públicos invertidos, esto es un robo al patrimonio de todos”, afirmó.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Hernández, dijo que “la consulta careció de representatividad, transparencia, rigor metodológico y representatividad e imparcialidad. Nos parece lamentable que se utilice para cancelar el proyecto de infraestructura más importante del país, decisión que debiera tomarse basado en análisis de expertos y no de ciudadanos que carecemos de conocimiento en temas de gran complejidad”.
Estas decisiones “no abonan a la confianza ni dan certidumbre, que son dos elementos fundamentales para generar crecimiento y empleos en el país”.
El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, afirmó que esperan se garanticen los pagos a las firmas constructoras y añadió que “lo importante es el hecho de haber cancelado una obra transexenal que tendría beneficios para la población y que ayudaría a la modernización del país”.
La presidenta de la American Chamber Mexico (Amcham), Mónica Flores, dijo que “la consulta no constituye un instrumento legal en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, no cuenta con la representatividad necesaria y por lo tanto no refleja la voluntad de los mexicanos. Polarizar a la sociedad mexicana en torno a una decisión que debe ser técnica y no política, no contribuye a generar las condiciones de unidad y de confianza que se requieren para afrontar los retos sociales y económicos”.
