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Campeche, Camp.— Periodistas, rectores, policías y hasta gente que ha utilizado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval han sido acosados, hostigados y hasta denunciados por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien no permite ninguna clase de crítica o cuestionamiento contra su administración. Los habitantes de ese estado sureño del país están silenciados.
Aseguran periodistas de esa entidad de más de 970 mil habitantes que bajo el gobierno de Sansores desaparecieron los únicos cinco medios impresos que existían: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades, a los que fue atacando y censurando hasta lograr su extinción.
“Acabó con los periódicos, no hay ninguno. Televisoras, solamente una, y medios digitales abundan, aunque una gran mayoría son oficialistas”, comenta Abraham Martínez, quien desde hace más de 15 años se ha dedicado al periodismo policiaco en redes como Facebook, en la que cuenta con un programa llamado El reportero del crimen.
Y es que, cuentan reporteros del estado, Sansores en petit comité asegura que los periodistas son “unos mugrosos muertos de hambre”.
En agosto pasado, Abraham, junto con dos periodistas, fue obligado a disculparse con Sansores por violencia política en razón de género.
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche consideró que las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género. Abraham Martínez siempre lleva consigo su botón de pánico que acciona cuando enfrenta una situación de riesgo como la que vivió hace dos años a bordo de su camioneta, en la que viajaba con su familia.
“Como todos los viernes, salimos a cenar. Yo no ando en la calle después de las 11 de la noche. Veníamos en la avenida Gobernadores y a la altura de la calle Ecuador se me acercó un motociclista de la policía. Me pide que me pare por el polarizado de la camioneta. Esa fue la justificación. ¿Qué correspondía? Una infracción. Pero llegaron comandantes y unas 20 patrullas. Me empezaron a intimidar y exigían que me bajara.
“Pero no lo hice y accioné el botón de pánico, porque sé que en cualquier momento te siembran drogas y armas. Le metieron grúa a la camioneta y nos llevaron a un corralón fuera de la ciudad. Y gracias a la intervención del personal de la Comisión de Derechos Humanos que llegó a este lugar, nos soltaron”, relata el periodista de 47 años.
La maquinaria estatal contra adversarios
Así como Campeche luce su arquitectónica y antiquísima muralla, Sansores ha hecho lo propio para evitar cuestionamientos hacia su gobierno, utilizando la invención de cargos y el acoso como principales armas contra quienes le son incómodos.
El 12 de enero pasado, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), José Alberto Abud Flores, quien estaba a punto de terminar su gestión y buscaba reelegirse para otro periodo, fue detenido por una acusación sin evidencias de que en su camioneta llevaba droga. Fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y después al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Kobén, donde permaneció recluido durante dos días.
La tarde del jueves, Abud Flores envió su postura a través de un video en el que responsabilizó al gobierno de Layda Sansores de lo que le pueda ocurrir a él o a algún miembro de su familia, y aseguró que la cocaína que fue hallada en su camioneta “fue sembrada”.
Sostiene que desde que ocupó el cargo, en 2022, “existió la obsesiva insistencia de incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos. Continuó con mayores exigencias hasta ordenar ceder parte del patrimonio.
“Me refiero al estadio universitario. Ante la educada negativa a cumplir con esas exigencias, optaron por escalar la agresión. Una camioneta desconocida agredió al vehículo oficial de la UACam en el que viajábamos varios directores, con la intención manifiesta de provocar un choque mayor y volcar nuestra camioneta.
“De ese suceso no quedó registro. Las presiones no cesaron. Antes, al contrario, se incrementaron. Un funcionario del gobierno citó al cuerpo directivo y académico de la universidad, profiriendo amenazas para ellos y sus familiares. El espacio seleccionado para aleccionarlos contra mi persona fue un bar sórdido, ajeno por completo a la institución.
“Debo mencionar que, a lo largo de ese demencial acoso, no permití que se atentara contra la dignidad humana y laboral de mis colaboradores. Lo que se evidenció fue la intervención indebida en la UACam, que se conoce como injerencia en la vida interna de la institución que mancilló la autonomía universitaria”, subraya el exrector de 73 años.
Ante la ofensiva estatal contra el exrector, no pocas organizaciones y universidades del país se pronunciaron contra el gobierno de Sansores, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies).
Su secretario general ejecutivo, Luis González Placencia, hace un llamado a mantener la unión y a levantar la voz ante las injerencias políticas en las universidades del país y manifiesta su preocupación ante situaciones como la ocurrida en la Universidad Autónoma de Campeche, al considerar que “es absolutamente inaceptable porque eso coloca a cualquier institución educativa ante la posibilidad de ser víctimas de un atropello similar”.
Dice que esa ha sido una de las cosas que la asociación ha señalado como atentados o amenazas a la autonomía universitaria, los intentos de interferir en el nombramiento de las y los titulares de las instituciones.
“En el caso de la Universidad Autónoma de Campeche no se puede aceptar a alguien que llegó de manera ilegítima, mediante un nombramiento inaceptable. Este hecho no es más que un mensaje muy inquietante sobre la vulnerabilidad que tiene cualquier titular de una institución de educación superior que tenga una relación incómoda con el gobernante de su estado”.
González Placencia asegura en entrevista con EL UNIVERSAL que Sandra Laffon Leal, rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, es continuamente acosada y presionada por parte de autoridades de la entidad para que deje su cargo.
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“Ella también nos ha manifestado en varias ocasiones que está recibiendo presión del gobierno del estado para presentar su renuncia a la universidad.
“Me dice que su Consejo Universitario está apoyándola y está claramente en contra de cualquier injerencia a la autonomía”, comenta.
Los gritos de Layda
Si bien es cierto que los y las campechanas viven condenados a rumiar sus críticas y desencanto por lo que es la administración de su mandataria, Layda Sansores aprovecha sus emisiones del Martes del jaguar para lanzar señalamientos y acusaciones contra quienes considera sus enemigos. En uno de los más recientes se lanzó contra Abud Flores, a quien llamó “cobarde” y “traidor”.
De González Placencia señaló que la Anuies “se extralimitó al interferir en decisiones que corresponden exclusivamente a la comunidad de la universidad. La Anuies nació como un mecanismo de coordinación técnica para fortalecer el sistema de educación superior y ya dejó de cumplir esta función.
“Parece que al estar defendiendo la autonomía universitaria está defendiendo a una persona, a una persona que ya no es ni el rector y entonces haciendo señalamientos y tendiendo la duda de la legalidad”, dijo.
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Hace unos días, la gobernadora sufrió un revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar una reforma promovida en su administración para ejecutar obras públicas “de interés estatal de gran impacto” sin obtener las licencias y permiso de los 13 municipios que integran la entidad.
El Máximo Tribunal del país votó a favor del proyecto que resolvió la controversia inconstitucional 284/2024, que fue promovido por el ayuntamiento de Campeche, presidido por la alcaldesa de Movimiento Ciudadano, Biby Karen Rabelo.
Las y los ministros coincidieron en que la reforma de Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche no respetaba lo establecido en la Constitución Política de México y advirtieron que sobrepasaba las facultades del Poder Ejecutivo.
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La SCJN reconoció que si bien el estado puede definir qué constituye una obra de gran impacto, la autorización y regulación de las construcciones sigue siendo una atribución municipal.
Esta resolución representó un freno para la gobernadora, porque a partir del fallo, cualquier proyecto de gran envergadura en Campeche deberá contar con el aval de los municipios que recuperaron su potestad para otorgar licencias y supervisar el desarrollo urbano local.
Detenciones de carnaval
Febrero está a la vuelta de la esquina y es el mes en el que se realiza el carnaval en este estado sureño, uno de los últimos en generación económica, y sus habitantes descartan utilizar una botarga o una máscara de algún político del estado, como de la propia Layda Sansores y de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, entre otros.
En 2024, quienes osaron hacerlo fueron detenidos y actualmente por ese hecho cuatro personas se encuentran vinculadas a proceso acusadas de incitación al odio, apología del delito y ataques a la autoridad.
“Se realizó un operativo terminando el recorrido de la comparsa, en pleno carnaval en el malecón y así detener a quienes habían utilizado máscaras o botargas de autoridades estatales. Y lograron detener a cuatro personas que fueron llevadas a la fiscalía”, comenta Rafael Quintero, abogado defensor de esas personas, entre las que se encuentra una ama de casa.
Aclara que “no existe incitación al odio contra nadie. Fue un tema específicamente del contexto del carnaval. Pero lamentablemente las instancias judiciales no nos han favorecido, no sé si es porque al final todo esto viene de mano del propio gobierno. Estamos litigando contra el gobierno del estado. Esto se ha politizado en perjuicio de mis representados, que al final son ciudadanos que trabajan, que tienen familias”.
Recuerda que en carnavales pasados, la gente usó máscaras de expresidentes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con toda libertad y sin ningún temor.
“La verdad que ha sido la primera vez que han pretendido penalizar y sentenciar a gente que participe en el carnaval parodiando a los políticos. Y causó mucha extrañeza que este gobierno lo hiciera, usando toda su fuerza y maquinaria para sancionar, siendo que era sólo una cuestión de sátira política para divertirse”, menciona.
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Callados por igual: el costo de la disidencia en Campeche
Abraham Arturo Martínez Pech es uno de los expolicías que trabajaba en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche y que en marzo de 2024 encabezó las movilizaciones y ahora carga a cuestas acusaciones por motín, sabotaje, toma de instalaciones.
En esa dependencia duró 15 años y fue despedido sin liquidación alguna por participar en movilizaciones que se realizaron durante varios días para exigir la renuncia de Marcela Muñoz, pues los habían enviado a realizar una revisión de celdas al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén sin armamento y sin equipo para salvaguardar su integridad física.
“A una compañera casi la violan, la habían despojado de su uniforme para abusar de ella”, señala.
Para Abraham Arturo, “la situación está muy fea por acá, hay una persecución como tal contra quienes les estorban o contra quienes se pronuncian en contra del gobierno de Layda, se vive una persecución como tal”, remata.
En 2023, mientras conducía su camioneta acompañado de su nieto de entonces ocho años y su esposa Gladys, el periodista Enrique Pastor Cruz Carranza se sobresaltó porque desde un puente le arrojaron una roca de seis kilos que se impactó contra el parabrisas.
“Ellos sabían perfectamente dónde andaba, dónde me movía, cómo andaba, etcétera”, dice al tiempo que muestra la roca que aún conserva porque argumenta que ese día volvió a nacer.
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“El gobierno del estado me considera un personaje nefasto y me acusan de que soy un enemigo del estado y que represento un riesgo para la sociedad de Campeche”, dice Enrique, de 70 años.
Enrique y Gladys, quien también es periodista, cuentan con su botón de pánico y transmiten en su cuenta de Facebook su programa A fuego lento, en el que abordan el acontecer político de Campeche.
Desde hace cuatro años y medio, Enrique se dedica a trabajar en una aplicación digital para servicio de taxis, pues hubo consigna desde el gobierno estatal para que se le cerraran las fuentes de empleo.
Para Jorge González, otro de los periodistas que fue acusado desde el gobierno estatal de violencia política de género, la situación que vive Campeche es clara: la gobernadora Layda Sansores atenta contra la libertad de expresión violando la Constitución, incluso utilizando los órganos de impartición de justicia.
“La señora está totalmente obnubilada, fuera de sí. Y actúa sin ton ni son contra quienes expresan la verdad. Hay circunstancias que producen pánico. Pánico, porque no sabes en qué momento te van a lastimar. Y por eso la pregunta, ¿quién sigue? No tiene sentido común para ofender. Es ofensiva. Y la ofensiva en los dos términos. De ofensa y de golpe. Responde siempre con presuntos hechos delictivos, que se sacan debajo de la manga”, comenta.
González indica que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hace unas semanas que no debe utilizarse el poder para las vendettas políticas, Layda Sansores hace caso omiso para apagar las voces que la incomodan.
“A mis 72 años me acusan de violencia política de género e incitación al odio. Óyeme, yo ya estoy para cuidar a los infantes, para disfrutar. No me deja disfrutar de mis amigos y aprovechar los pocos años que me quedan de vida. Esa es la realidad.
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“Es terrible lo que la sociedad percibe. Es lo que yo vengo sufriendo, lo que los compañeros periodistas vienen padeciendo, los policías, la gente que sólo quiere divertirse un rato. Lo que hicieron con el rector fue una burda marranada”, expresa.
La sombra de la censura y el miedo se cierne sobre Campeche, mientras la gobernadora Layda Sansores sigue silenciando a quienes se atreven a cuestionar su administración. La verdad es sólo un recuerdo lejano en este estado bajo censura, donde la libertad de expresión es un lujo que pocos se pueden permitir. La impunidad y el abuso de poder siguen siendo la norma en Campeche.
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