La destrucción de armas en el país, producto de las campañas de canje con la población, disminuyó 86% en los tres primeros años de la actual administración, en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior.
Según cifras del gobierno federal, obtenidas vía transparencia, en el primer trienio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2021) se documentaron 9 mil 975 armas de fuego destruidas, mientras que en el mismo lapso del sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2015) se destruyeron 71 mil 785.
No obstante, las cifras de homicidio doloso con armas de fuego, en carpetas de investigación, se dispararon al pasar de 27 mil 632 asesinatos en el trienio 2013-2015 a 60 mil 718 mil en el periodo 2019-2021, una diferencia de 33 mil 86 homicidios más con arma de fuego, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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En los datos por año, se tiene que en 2013 la cifra de homicidios dolosos con arma de fuego fue de 9 mil 774; en 2014, 8 mil 592, y en 2015, 9 mil 266, mientras que en 2019 la cifra fue de 20 mil 715 asesinatos con arma de fuego, en 2020, de 20 mil 431, y en 2021, de 19 mil 572.
Por lo que toca a la baja en la destrucción de armas, el informe del gobierno federal detalla que en 2013 fueron desmanteladas 31 mil 506 armas; en 2014, 24 mil 466, y en 2015, 15 mil 813, mientras que en 2019 se destruyeron sólo 7 mil 146; en 2020, mil 662, y en 2021, mil 167.
Los estados con el mayor número de destrucción en el año 2021 fueron la Ciudad de México, con 368; Chihuahua, 248; Chiapas, 169; Tlaxcala, 135; Veracruz, 92; Sonora, 50; Coahuila, 41; Oaxaca, 31; Baja California, 28 y Guanajuato, con cinco.
José Andrés Sumano Rodríguez, profesor de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) señala que en muchas partes del país, como Chihuahua, Sonora y Coahuila, el servicio de seguridad que debería proporcionar el Estado no funciona y por ello las personas recurren a tener alguna pistola para tratar de proteger a su familia y sus bienes; el caso más extremo se manifiesta en autodefensas.
“El canje de armas son programas que no sirven. La gente normalmente lo que lleva son artefactos muy viejos o que están en desuso y no lo que se busca para disminuir la violencia; no son los rifles o pistolas que están ocasionando los homicidios. Este tipo de programas es para tratar de desarmar a la población, pero no ha dado los resultados esperados”, expresa.
El académico resalta que en la mayoría de los casos la población cuenta con algún arma de fuego para protegerse, pero no es la que entregan en los canjes, “no vamos a encontrar un fusil Barrett o un AK-47”, dijo.
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Al respecto, Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), considera que los esfuerzos de la secretaría en términos de destrucción de armas ilegales son menores, porque posiblemente los recursos que se están destinando para ese objetivo son insuficientes, lo cual indica que este tema no está en las prioridades de este gobierno.
Destaca que estos artefactos tienen una vida útil de por lo menos 50 años y una vez que se incautan deben ser eliminados; recalcó que “a mayor disponibilidad de armamento en una sociedad hay mayor violencia”.
Alan García, integrante del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, destaca que la adquisición de armamentos por parte de la población está relacionada con la inseguridad en el hogar. Detalló que el canje es una política que tiene como finalidad desarmar a la población y no a la delincuencia organizada.
El criminólogo expresa que en el caso de las cifras de las unidades destruidas hay opacidad y secretismo del gobierno.
Por otra parte, indica que en esta administración hubo un cambio de estrategia, “desde la parte discursiva el gobierno de López Obrador dijo que la guerra contra el crimen organizado se terminaría; obviamente, eso se ha reflejado en menos enfrentamientos, operativos. Parecería que existe una política alternativa de no enfrentamiento frontal”.
La Sedena paga por armas artesanales y hechizas entre 170 y mil 270 pesos; por armas deportivas, entre 120 y 350; por armas de fuego permitidas por la ley, entre 290 y 6 mil 10 pesos; por armas de uso exclusivo del Ejército, entre mil 620 y 16 mil 400 pesos.
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