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Un juez federal decidirá el 16 de enero si vincula a proceso a Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico por 24 millones de pesos en complejo hotelero de Baja California Sur.
De acuerdo con el expediente, la denuncia por fraude se dio después de que la empresa DGU Baja, de la que es socio Velázquez Fierro, se negó a pagar por la construcción del complejo hotelero Amanvari.
DGU Baja es una sociedad constituida a su vez, por las empresas DOTTOR GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. y TERRA PLANA, S.A. DE C.V., propiedad de Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, la cual celebró varios contratos con constructora Mármol y Granito, para el proyecto arquitectónico “Amanvari, ubicado en Calle Eureka, Unidad Privativa Manzana 19, Condominio Maestro Horizontal, Ranchería La Ribera, CP 2357, Los Cabos, Baja California Sur.
Según los expedientes judiciales, el caso inició con la falta de pago de DGU Baja a MYG por servicios en la construcción del hotel Amanvari. Cuando un representante legal de MYG, acompañado de un notario público, reclamó el pago, fueron secuestrados.
La primera denuncia (LRB/064/2022) fue desestimada por el juez Zavala Calderón, generando sospechas de corrupción.
Por esa acción ya existe una vinculación a proceso que involucra a la empresa DGU Baja, y dos de los socios de Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro, que son Alessio y Pietro Dottor.
Tras una apelación dentro del expediente 208/2024 ante el Magistrado Paul Razo Brooks revirtió la decisión del Juez José Humberto Zavala Calderón, quien inicialmente desestimó los cargos de privación ilegal de la libertad contra Alessio y Pietro Dottor, socios de la empresa DGU Baja, junto con Cuauhtémoc Édgar Velázquez Fierro.
La empresa subcontratista Mármol y Granito (MYG), víctima de fraude, es representada por los abogados Leonardo Julián de la Garza García, Rubén Moya Bocanegra y Juan Carlos Toribio Santos, quienes presentaron la apelación exitosa contra la decisión del Juez José Humberto Zavala Calderón en las carpetas de investigación LRB/064/2022 y LRB/046/2023, por secuestro y ahora esperan la vinculación en el caso de fraude.
Los abogados, presentaron una segunda denuncia (LRB/046/2023), con evidencia incluyendo videos del secuestro y una fe de hechos notarial.
Esta segunda denuncia, apelada ante el Magistrado Paul Razo Brooks (expediente 208/2024), resultó en la revocación de la decisión del Juez Zavala Calderón. El Magistrado ordenó la vinculación a proceso de Alessio y Pietro Dottor por privación ilegal de la libertad.
La decisión del Magistrado Razo Brooks no solo responsabiliza a los acusados, sino que también cuestiona la actuación del Juez Zavala Calderón, abriendo camino a una investigación sobre posible corrupción. Medidas cautelares impiden la fuga de Alessio y Pietro Dottor, prohibiéndoles salir del país.
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La resolución judicial también impactó un juicio mercantil (expediente 100/2024) con medidas precautorias contra DGU Baja, culminando en el congelamiento de cuentas bancarias (congelamiento ordenado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en el Ramo Civil de Cabo San Lucas.
jf
