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El gobierno federal buscará reconstruir el Estado de derecho en el país para garantizar la seguridad de las personas y las empresas, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Durante su participación en el foro Estrategia Banorte 2019 reconoció que la incertidumbre jurídica desmotiva las inversiones, por lo que la Federación tiene un compromiso concreto por velar por el cumplimiento irrestricto de la ley.
“La incertidumbre jurídica desalienta la actividad productiva, las inversiones y las expectativas empresariales. Estamos convencidos de que la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas, bienes materiales, en la cuestión social y en la gobernabilidad”, señaló.
Sánchez Cordero dijo que la administración federal garantiza a los empresarios, empresas e inversionistas que no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública, se alentará la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, “con honestidad, transparencia y reglas claras”.
Se buscará, detalló, garantizar la consolidación del Estado de derecho en el cual se respeten y cumplan las leyes y exista la certeza de que éstas protegerán y alentarán la inversión privada y promoverán su desarrollo.
Además, se prevé mejorar las condiciones que haga posible un mayor crecimiento de la economía, lo cual es “indispensable” para que el empleo se convierta en la fuente principal de distribución del ingreso en el país.
Para hacerlo, la dependencia federal creó una unidad de fortalecimiento al sistema de procuración e impartición de justicia para contribuir a la consolidación de un verdadero sistema en la materia en las entidades federativas.
A través de esta unidad se analizan más de mil 300 casos de violaciones al debido proceso: tortura, siembra de evidencias e imputaciones por delitos no cometidos.
El objetivo del gobierno federal será la aplicación de una nueva estrategia de seguridad para conseguir la paz y un cambio de paradigma en la política pública, así como un plan integral para atender las causas y los problemas de inseguridad y violencia.
La secretaria de Gobernación responsabilizó a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de intentar resolver la inseguridad y la violencia en el país mediante estrategias que dejaron una descomposición social “sin precedentes”.
“El país aún padece las consecuencias de esa política”, agregó la funcionaria.
