Ante el rechazo y estigma que viven día con día, las trabajadoras sexuales en México han optado por formar comunidades en espacios seguros, donde son escuchadas y orientadas respecto a sus derechos. En muchas otras también les ofrecen apoyo sicológico y alfabetización, pues algunas no tienen acceso a la educación al ser explotadas por padrotes, por ejemplo.
Son víctimas de abuso físico, sexual, emocional y económico, aunque también sufren la extorsión para ejercer su oficio, obligadas a pagar cuotas a funcionarios o policías; a menudo son violadas y hostigadas sexualmente. En todo el país hay al menos 800 mil trabajadoras sexuales y la mayor parte se enfrenta a discriminación.
“Es muy criminalizado el trabajo sexual, es mal visto en esta sociedad tan hipócrita. Las mujeres sufren extorsión por parte de los policías, tanto a ellas como a sus clientes, la violencia ha sido muy sistemática. El 73% de las compañeras dijeron haber sufrido violencia por parte de funcionarios”, cuenta a EL UNIVERSAL Elvira Madrid Romero.
La presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez calcula que tan sólo en la Ciudad de México hay 15 mil trabajadoras sexuales, mientras que en Chiapas han atendido a 25 mil.
La organización también otorga becas para hijas e hijos de sexoservidoras y les ayuda a terminar la primaria y secundaria, que muchas veces abandonan.
Es el caso de una trabajadora y mujer trans que fue discriminada por su familia y obligada a dejar su hogar desde los 12 años. Llegó a la Brigada Callejera en medio de una crisis de estrés y con intentos de suicidio, ya que desde temprana edad vivió el rechazo de la sociedad que la condenaba por ser diferente.
“Dios me puso en mi lugar indicado, apoyan a la gente en el trabajo sexual para defender nuestros derechos. Porque la verdad yo viví una época tan difícil, por necesidad me tuve que dedicar al trabajo sexual; en esa época, cuando nos cortaban el cabello y no podíamos usar falda, era prohibido. Ahora, como promotora de salud, he salido para dar alimentación, ropa y servicios médicos a las personas más vulnerables”, cuenta a esta casa editorial.
Las mujeres se reúnen a diario para hablar de sus experiencias en las calles, con clientes o en otras actividades. Todas son su propia red de apoyo en un albergue colorido y lleno de vida, pero sobre todo de información. Cuentan con abogadas, sicólogas y especialistas de la salud que las atienden y orientan ante las injusticias que conlleva este oficio.
“A muchas les cobran el control sanitario, es una violencia muy fuerte porque no les importa la salud, les importa tener un carnet para estarlas extorsionando y mandarlas a laboratorios privados donde están pagando de mil a mil 500 pesos por una prueba de VIH y de sífilis”, lamenta Madrid Romero.
A otras más les quitan la patria potestad de sus hijos, pues sus padrotes, a manera de presión, las denuncian por ser malas madres y el sistema jurídico las criminaliza por su trabajo, a pesar de que algunas comenzaron como víctimas de trata por parte de estos sujetos.
“Viven violencia sexual, la abogada Arlene ganó un juicio a un violador serial en Tlalpan. No lo sabíamos, pero hablando en los talleres las compañeras nos dijeron que las habían violado y tenían identificado el carro. Empezó a levantar las carpetas de investigación y es muy difícil que se haga justicia hacia ellas. De las siete carpetas que se abrieron, apenas llevamos dos judicializadas”, dijo la activista.
Por alzar la voz en contra de agresores también han sido agredidas y amenazadas, pero no bajan la guardia. Entre ellas se protegen; mientras unas trabajan, las otras cuidan y llevan a sus hijos a la escuela.
Envueltas en luchas sociales y bajo el ideal de acreditar el trabajo sexual, forman una familia solidaria hasta convertirse en una hermandad.
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A través de talleres, cursos y conferencias han aprendido a defenderse y a no quedarse calladas. Tanto que en 2017, cuando hubo persecución y acoso a trabajadoras sexuales, las autoridades cerraron hoteles y se llevaron a 95 mujeres con el pretexto de que eran víctimas de trata de personas.
“Eran víctimas del sistema capitalista, hubo robos, violaciones, golpes, de todo. Pudimos documentar muy bien todo para demostrar que fue una violación a los derechos humanos y metimos un amparo y ganamos una sentencia en la que se reconoció el trabajo sexual como no asalariado. La jueza fue bien clarita: siempre y cuando sean mayores de edad, tienen el derecho al trabajo”, explicó.
Poco a poco han ganado batallas y hasta ofrecen asesoría a autoridades para evitar la estigmatización y los maltratos hacia ellas.