Más Información
Cinco años después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de las víctimas y sus representantes legales consideran que cada vez estamos más cerca de conocer la verdad de los hechos, aunque eso no implica que se vaya a castigar a los responsables.
El ánimo por descifrar el paradero de los estudiantes continúa; sin embargo, la liberación de 77 presuntos implicados hace creer que obtener justicia será complicado.
Las esperanzas de los familiares de los desaparecidos se basan en los trabajos realizados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (Segob).
Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que las investigaciones realizadas por la comisión arrojaron indicios sobre la posibilidad de que los estudiantes estén en poblados como Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, y en las comunidades Mezcala y Carrizalillo, del municipio Eduardo Neri, pero estos datos no son definitorios y deben corroborarse.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destacó la labor que ha realizado el organismo que investiga el caso Ayotzinapa en sus nueve meses de funcionamiento, aunque también hizo énfasis en que se necesitará el apoyo de otras instituciones para resolver el caso.
“Estamos llegando a los cinco años con una nueva comisión que da esperanza, pero al mismo tiempo con rezagos que dan cuenta de que no todas las instituciones están alineadas en este esfuerzo de dar con la justicia y la verdad en el caso”, dijo en entrevista.
De igual forma el director del centro destacó que “estamos más cerca de conocer la verdad que antes, cada vez es más difícil remontar las consecuencias jurídicas de una mala investigación, pero también creo que aún es tiempo de castigar a los responsables de los hechos, así como a quienes obstaculizaron la investigación”.
Expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de evitar que los culpables salgan de prisión, sostener los procesos, detener a los prófugos y localizar testigos, pero hasta el momento su reacción ha sido lenta y todavía cuenta con elementos que construyeron la versión del basurero de Cocula.
“El fiscal General [de la República, Alejandro Gertz Manero] tiene claro que este tema es prioritario, pero es real que esa dependencia es muy grande y permanecen dentro algunos elementos que tuvieron vínculos con la verdad histórica, eso no favorece al proceso”.
Por su parte, los padres de los normalistas insistieron en que se debe castigar a los altos mandos que participaron en el delito y obstaculizaron las investigaciones.
Juicio a exfuncionarios
Los padres de las víctimas han sido claros al señalar que los funcionarios a quienes se debe juzgar son a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Otra petición para el actual gobierno consiste en no desechar los descubrimientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que están en contra de la verdad histórica planteada en aquel momento por Murillo Karam y Tomás Zerón.
Los familiares reclamaron que de la anterior administración sólo obtuvieron “mentiras”, por lo que ahora exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador más rapidez en el avance de las investigaciones tras cinco años de espera.
“Esperamos que ahora sí sigan las líneas de investigación que dejaron los expertos independientes [GIEI], que busquen y que indaguen a las personas señaladas que están en proceso de investigación, porque pueden aportar muchas pruebas del paradero de nuestros hijos, nosotros no ganamos nada con meter tanta gente a la cárcel, lo único que queremos es saber dónde están ellos”, comentó Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández.
Mientras, Vidulfo Rosales Sierra, defensor jurídico de los padres de los normalistas, celebró de esta nueva administración que el gobierno se haya comprometido a investigar a funcionarios federales para allegarse de más elementos de los hechos; sin embargo, criticó la lentitud con la que ha operado.
