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Los diputados federales alistan votar hoy el dictamen por el que adecúan diversas disposiciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para considerar un delito grave que los altos funcionarios no devuelvan el monto que reciban de más por remuneraciones que no les correspondan.
De acuerdo con lo que establezca el artículo 5 de la ley, cualquier servidor público de las dependencias designadas que reciba un pago en demasía o que no le corresponda y no lo reporte a la unidad administrativa correspondiente, en menos de 30 días naturales será considerado que cometió un delito grave.
Con los cambios, la norma sería aplicable a 22 dependencias, entre ellas, a los Tribunales Administrativos de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y a la fiscalía general.
También contiene a las empresas productivas del Estado, los órganos reguladores en materia energética, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que mencionaron como “comisión”.
Empero, el artículo 217 del Código Penal Federal puntualiza que el delito grave procederá siempre y cuando el servidor público haya conocido los acontecimientos del ilícito y no forme parte del personal de base o no tenga a su encargo un mando medio o superior.
Por otra parte, las reformas a la fracción III del artículo 217 Quáter, del mismo código, aumentaron de mil a 2 mil unidades de Medida y Actualización (UMA) mínimas del beneficio indebidamente otorgado para imponer de tres a cinco años de prisión a quien no lo reporte.
Con el fin de empatar las disposiciones de la norma que actualmente está suspendida por una acción de inconstitucionalidad aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también a la Ley General de Responsabilidades Administrativas le realizan modificaciones.
Entre los cambios está el agregar que los recursos públicos se administrarán sujetos al principio de austeridad, y que también incurre en el delito de cohecho el funcionario público que se abstenga de devolver el monto que recibió más allá de sus percepciones estipuladas.
Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ampliaría el concepto de desvío de recursos públicos para quien autorice,“para sí o para otros”, el pago de una remuneración, jubilaciones, pensiones o créditos que no estén previstos en la regla.
