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Partidos políticos y organizaciones sociales de al menos 13 estados de la República han propuesto reformar leyes educativas para crear un “pin parental”, con el objetivo de que los padres de familia autoricen los contenidos que se enseñan en las escuelas y, con ello, limitar temas como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva.
Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se pronunciaron en contra del pin parental, cada vez son más los estados donde se aviva la discusión en torno a este tema.
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León son las entidades donde los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) han promovido la intervención de los padres en los contenidos educativos.
Por otra parte, en Baja California, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán asociaciones como el Frente Nacional por la Familia ejercen presión para que los Congresos estatales incluyan el tema en sus agendas.
Especialistas alertaron que permitir a los padres o tutores aprobar los contenidos que se dan en las escuelas provocaría que sectores conservadores rechacen los temas de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, lo cual podría derivar en un aumento de la violencia contra las mujeres, embarazos infantiles, abuso sexual de menores y homofobia.
Retroceso
“El pin parental sería un retroceso para la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política y las diferentes leyes que tenemos donde se expresa que los niños y adolescentes no son propiedad de los padres.
“Este tipo de iniciativas ponen a los menores como objetos de sus papás y ese es un retroceso de décadas”, criticó José Lugo Rodríguez, coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de la organización Save The Children México.
“Si eliminamos la posibilidad de que los niños puedan conocer este tema desde el punto de vista científico, que en las escuelas puedan dialogar, realmente podríamos poner en riesgo a nuestros niños, porque no somos un país donde hablemos de esto con naturalidad en nuestras casas”, advirtió el especialista.
Las consecuencias de eliminar la educación sexual y de género en las escuelas no sería poca cosa: aunque ha habido una tendencia a la baja durante los últimos años, en 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 154 mil 299 embarazos de niñas y adolescentes.
Con respecto a la violencia de género, la cifra de 10 asesinatos de mujeres al día sigue vigente a pesar de las estrategias implementadas por el gobierno federal para contener el problema.
En cuanto al abuso sexual infantil, las autoridades no tienen una cifra específica para medir este delito, y sobre la homofobia el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 65 asesinatos de integrantes de esta comunidad en 2019.
Oportunismo político
El pin parental no es un proyecto surgido de la nada, tiene sus raíces en el partido político español VOX, que propuso que los padres tengan información previa sobre cualquier actividad que involucre cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad.
El objetivo es que los responsables de los menores, con base en “cuestiones morales” y creencias, decidan si los niños pueden realizar esas actividades.
Teniendo en cuenta los antecedentes políticos, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), no dudó en que el PES y el PAN puedan utilizar esta iniciativa con miras a las elecciones de 2021, cuando se disputarán 15 gubernaturas, 30 Congresos estatales, casi 2 mil municipios y se renovará la Cámara de Diputados.
“El pin parental es un pretexto para confrontarse con las instituciones del gobierno mexicano, para hacer visibles sus cuestionamientos homofóbicos, misóginos y adultocéntricos porque en nuestro país hay mucha gente que piensa así. Este es un método que utilizó VOX para ganar electores”, declaró Juan Martín Pérez.
El experto equiparó el pin parental con otras propuestas que en su momento lanzó el Partido Verde Ecologista, como la pena de muerte, y que le sirvieron para conseguir votantes que a la postre eran de utilidad para su aliado favorito: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“México es un terreno fértil para las propuestas antiderechos por la fragilidad institucional, por los altos niveles de impunidad y por la polarización que hay en estos momentos. Así como vemos a estos grupos antiderechos esforzándose para lograr visibilidad y ganar electores, seguramente vamos a ver a otros grupos con la misma estrategia”, aseveró Juan Martín Pérez.
Para que el pin parental no sea aprobado en las entidades federativas, la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a la CNDH para que interponga acciones de inconstitucionalidad contra las iniciativas estatales en la Suprema Corte.
El Legislativo federal coincidió en que esta propuesta viola derechos humanos de los menores de edad, entre ellos el acceso a la salud sexual y reproductiva. Y aunque esta crítica se replica desde distintos frentes, grupos conservadores han optado por no escuchar y seguir con su agenda.
