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Cientos de personas buscadoras rechazaron el pronunciamiento aprobado el 8 de abril de 2025 por el Senado de la República, en el que se niega que en México las desapariciones forzadas se practiquen de forma generalizada o sistemática.
“Este pronunciamiento aprobado por mayoría en el Senado y respaldado por su Mesa Directiva representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”, señalaron 364 familiares y 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones y 272 personas solidarias.
Así, exigen que el Estado Mexicano rectifique su postura y compromiso, reconociendo en el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en los mecanismos internacionales un apoyo indispensable para que nunca más una persona desaparezca en México.
“La obligación de investigar, buscar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado que han cometido este abominable delito, corresponde únicamente al Estado, y no a las familias”, apuntaron.
Afirmaron que el que el Estado no asuma su responsabilidad también es una forma de desaparición. Por lo que, solo con cooperación internacional y escrutinio independiente México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, mencionaron al exhortar al gobierno federal a colaborar.
Respaldaron de manera contundente al CED de la ONU, el cual a través de su Presidente, el Dr. Olivier de Frouville, anunció la apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
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El comunicado establece que durante los últimos catorce años, las familias, tanto de forma individual como agrupadas en colectividades y acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, han proporcionado al CED información sobre la crisis de desapariciones en México, así como sobre las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas por las últimas cuatro administraciones federales en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia.
“Desde 2015 hemos solicitado que el CED aplique en México el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Frente a una crisis sostenida y en aumento, afirmamos que el acompañamiento de la ONU es indispensable”, sostuvieron.
Consideraron que negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales —como el anunciado por el CED—, y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia.
Agregaron que lo que necesitan no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia para las más de 125 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas: hijas, hijos, madres, padres, hermanas, hermanos, personas amadas que faltan en sus hogares.
“Invitamos a toda la sociedad mexicana a alzar la voz. Porque el momento exige verdad, no neutralidad. La desaparición forzada no puede negarse. Se vive cada día. Es un crimen contra la humanidad que continúa cometiéndose mientras la persona siga desaparecida. Duele. Destruye. Desgarra. Y no debe repetirse jamás”, concluyeron.
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