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A través de una carta, un grupo conformado por 37 mujeres madres buscadoras, periodistas, defensoras de derechos humanos y abogadas solicitó una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para hablar sobre el peligro que representa su labor, desde las amenazas, el desplazamiento, ser víctimas de agresiones hasta feminicidio.
En la misiva, señalaron que el primero de octubre de 2024 "México inició una nueva historia, la historia que la sufragistas mexicanas soñaron", en alusión a la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ejercer la titularidad del Ejecutivo en el país.
Sin embargo, las firmantes aunque son beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas perteneciente a la Secretaría de Gobernación, este no las protege por completo de los riesgos al ejercer la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con el desplegado, la violencia ha aumentado tanto que varias integrantes del grupo fueron orilladas al desplazamiento forzado interno y a vivir en condiciones de riesgo "amenazadas, intimidadas, perseguidas, enfrentando campañas de desprestigio e incluso criminalizadas a través del uso faccioso de procesos judiciales".
Expresaron que nunca pensaron afrontar los peligros que ahora viven ellas y sus núcleos familiares.
"Hasta ahora ocho periodistas y 51 defensoras están en desplazamiento forzado; una periodista en exilio; seis periodistas y cuatro defensoras desaparecidas; así como 17 periodistas víctimas de feminicidio", denunciaron.
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Además, señalaron que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cinco mujeres periodistas y 29 defensoras fueron víctimas de feminicidio, además de los 9 mil 716 casos de agresión registrados por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y de Comunicación.
Conforme al comunicado, los principales agresores han sido funcionarios de gobierno, por lo que denuncian "la impunidad ha acompañado cada caso".
Aseguran que el riesgo que viven por su labor y la omisión de autoridades estatales las orilló a recurrir a la Federación como última instancia en México para obtener protección.
"La situación del país amerita que de manera urgente se retome el diálogo y concertación con quienes durante décadas le hemos apostado a fortalecer las instituciones y la democracia", mencionaron.
Argumentaron que la inclusión y la reunión podrían fortalecer la calidad y efectividad de políticas públicas durante la administración de la presidenta y que recibirlas enviaría "un mensaje claro de respaldo, apertura y colaboración" por parte de su gobierno.
"Para poder llegar todas, necesitamos vivir seguras, sin miedo y con las plenas garantías para desarrollar nuestra labor", finalizaron la misiva dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; secretaria de Segob Rosa Icela Rodríguez; y la directora del Mecanismo de protección, Tobyanne Ledesma.
El comunicado fue publicado por la organización Comunicación e información de la mujer (Cimac) y firmado por CEDEHM, Reporteros sin Fronteras, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Nacional de Periodistas y Article 19.
No hay avances en materia de protección a personas defensoras
No hay avances en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en primeros meses de gobierno de Sheinbaum, denunció el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), quienes llevan un registro de hechos trágicos contra comunicadores y activistas.
“A 100 días del nuevo gobierno, falta una estrategia clara para atender los riesgos que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que van desde homicidios, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado, acoso judicial, violencia digital, entre otras”, declaró Espacio OSC.
Al decir que hubo avances en programas sociales que protegen derechos sociales y culturales, detalló que les preocupan los pocos avances en lo que respecta al compromiso 4 de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo, que hace referencia a garantizar la libertad de expresión, reunión y respeto a los derechos humanos.
También denunció recortes en programas claves para la protección de víctimas y reprochó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las organizaciones documentaron siniestros contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en presunta relación con su labor. Entre ellos: el asesinato del activista y sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas (20 de octubre) y del periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán (29 de octubre).
Así como la desaparición de Sandra Domínguez en Oaxaca (4 de octubre), los ataques al periódico El Debate y la desaparición de su colaborador Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa (17 de octubre) y las amenazas al Semanario Zeta en Baja California (29 de diciembre).
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“Además, es importante mencionar el incremento de los riesgos que han sufrido las personas defensoras encargadas de brindar atención a migrantes, solicitantes de protección internacional, refugio y víctimas de desplazamiento forzado interno, cuyas situaciones de riesgo han ido en aumento”, explicó a través de un documento.
A lo anterior, se suman los ataques recibidos en años anteriores, pues México es uno de los tres países con más agresiones a personas defensoras y periodistas en el mundo.
“Como ejemplo claro de ello, el próximo miércoles 15 de enero se cumplirán dos años de la desaparición de los defensores del territorio Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, quienes continúan en la impunidad. Estos casos, junto con las más de 130 personas defensoras de derechos humanos y 68 periodistas asesinados desde 2017, reflejan el reto que representa la protección”, dijo.
Respecto al presupuesto de egresos aprobado para 2025, se observan recortes “preocupantes” para la protección de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. Por ejemplo, el Mecanismo de Protección Federal, ha sufrido una reducción del 4.27%, pasando de 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025.
De manera similar se encuentra la reducción de los recursos destinados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con un recorte del 3.6%, que afecta de manera directa la atención a víctimas de violencia. En este caso, explicó, destaca la disminución del presupuesto para el otorgamiento de recursos de ayuda, asistencia y reparación integral, que se ajusta a 658 millones de pesos, lejos de los 909 millones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había determinado como mínimo.
“Además, la continuidad de la militarización de la seguridad pública, la eliminación del INAI y los institutos estatales de transparencia, así como el desconocimiento sobre cómo se garantizará el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, debilitan su ejercicio y la transparencia en la gestión pública”, lamentaron.
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