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Birmex contrató el año pasado, durante el gobierno de López Obrador, un análisis del costo presupuestal que tendría la liquidación de todo su personal y el cual fue determinado en poco más de 282 millones de pesos, y en el cual se advertía que un despido masivo podría ocasionar un alto riesgo de demandas laborales y una mala imagen pública.
En el informe cuya copia fue entregado por Birmex a EL UNIVERSAL, vía Ley de Transparencia, detalla que se ordenó este proyecto de liquidación por la “necesidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa”, así como para reducir la plantilla.
Se indica que el costo total para liquidar a 635 trabajadores, tanto sindicalizado, eventuales, mando y de confianza, sería de 282 millones 417 mil 821 pesos.
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“El objetivo de este proyecto es reducir la plantilla de manera justa y conforme a la ley, asegurando al mismo tiempo la estabilidad financiera de la entidad y la protección de los derechos de los empleados.
“El total de 282 millones 417 mil 821 pesos, presupuestado para la liquidación de los 635 trabajadores refleja un impacto económico considerable, sobre todo para el grupo sindicalizado con una antigüedad alta de 25.15 años, lo que eleva costos de liquidación debido a la prima de antigüedad y otras prestaciones”.
En el informe, el cual tuvo un costo de 113 mil pesos, se indica que de los 635 trabajadores totales de Birmex, 244 son sindicalizados, 261 eventuales, 69 de confianza y 61 de mando; y que la antigüedad promedio es de 12.88 años.
Prepararse para demandas colectivas
El informe advierte que el total de 282 millones de pesos presupuestado para la liquidación de los empleados refleja “un impacto económico considerable” para la entidad, y que de llevarse a cabo, Birmex debería de “prepararse para litigios potenciales, acciones por reinstalación o demandas por despido injustificado.
“Esta cifra incluye todas las prestaciones legales, indemnizaciones y derechos adquiridos por los diferentes grupos de empleados. El riesgo económico principal se centra en la capacidad de la entidad para cubrir este monto sin afectar sus operaciones y sin incurrir en déficits financieros a largo plazo.
Sin embargo, en la página 26 se advierte que la liquidación de toda la plantilla conlleva riesgos legales, especialmente en lo que respecta a la posible impugnación por parte de los trabajadores, en particular aquellos con más de 20 años de servicio.
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El informe recomendó contar con un plan de acción en caso de litigios derivados de la liquidación, especialmente para aquellos trabajadores que, por su antigüedad o posición, podrían impugnar los términos de su liquidación. Este plan debe incluir la asesoría legal adecuada y la disponibilidad de recursos para afrontar cualquier contingencia.
También se indica que un despido masivo podría “desencadenar” demandas colectivas por despido injustificado, discriminación o incumplimiento de procedimientos legales.
Afectación a imagen pública
En el apartado imagen y reputación, se indica que la liquidación masiva de los trabajadores de Birmex podría afectar la imagen de la institución.
“La imagen pública de la empresa puede verse afectada negativamente por los despidos masivos, lo que puede llevar a investigaciones regulatorias y sanciones”.
