En septiembre de 2018, siendo aún presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a que se conocería la verdad sobre el caso Iguala, que se castigaría a los responsables y se daría con el paradero de los jóvenes, quienes fueron levantados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Pero esas promesas se las llevó el viento, porque aún se desconoce el destino de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
“Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”, dijo en ese entonces López Obrador, quien se reunió con los familiares de los 43 en el Museo Memoria y Tolerancia.
A seis años de distancia, la incógnita sobre qué pasó con los alumnos de ese plantel, en su mayoría de primer grado, sigue en el aire, lo que provocó el rompimiento de los padres de las víctimas con el Mandatario.
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“Las reuniones son puras confrontaciones... Terminamos mal”, resumió el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, en agosto pasado cuando tuvieron el último encuentro con el Presidente. Consultados al respecto, especialistas en la defensa de Derechos Humanos afirman que el caso Iguala fue uno de los mayores fracasos del Presidente, al no cumplir con su compromiso con los familiares.
“López Obrador llega al final de su sexenio con las manos vacías y con un enorme fracaso en el caso Iguala porque en realidad nunca le interesó resolverlo, sólo estuvo empeñado en demostrar que el procurador anterior, Jesús Murillo Karam, no lo había esclarecido, a pesar de que en muy poco tiempo resolvió el caso en un porcentaje muy alto”, dice a EL UNIVERSAL Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del extinto Distrito Federal.
“A nadie le gustaría caminar lo que nosotros hemos caminado. Todos estamos ahí por nuestros hijos. Pero no somos los únicos que estamos sufriendo. Escuchar que hay miles de personas desaparecidas me da mucha tristeza y me pregunto ¿Cómo puede haber tantos desaparecidos?”, dice Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
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Cuenta que aunque ella no terminó la primaria, siempre motivó a sus hijos para prepararse.
Por ello, Benjamín, quien al momento de su desaparición contaba con 19 años de edad, soñaba con cambiar a su comunidad y por esa razón quería ser maestro. Cristina comenta que entre los padres de los 43 había confianza de encontrar a los normalistas durante este gobierno, aunque reconoce que hubo avances.
“López Obrador trató e hizo el esfuerzo de esclarecer el caso de Ayotzinapa. No hay que olvidar que desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en vez de buscar a nuestros hijos, no lo hicieron. Fue toda una simulación, empezaron a mover a la gente que estuvieron operando esa noche, movieron todos los documentos y los archivos. Por eso, a 10 años de la desaparición forzada, no tenemos esa verdad que tanto queremos saber”, dice la mujer.
Cristina, originaria de la comunidad náhuatl de Alpuyecatzingo de las Montañas, municipio de Ahuacotzingo, Guerrero, menciona que algunos avances de este gobierno en el caso fue reconocer que “fue una desaparición por parte del Estado y desmentir la ‘verdad histórica’. Pero esto no fue suficiente. Queda una deuda histórica con nosotros a estos 10 años de su desaparición”.
Dice estar consciente de que al gobierno de López Obrador le quedan unos cuantos días, por lo que ya será difícil que se conozca el paradero de los jóvenes.
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Sin embargo, menciona que el caso quedará en buenas manos.
“El Presidente va a dejar en buenas manos nuestro caso que son las de Claudia Sheinbaum, quien seguirá con la investigación. Pero nosotros no nos vamos a rendir con nuestra exigencia y se alcance la justicia y se castigue a los responsables de la desaparición de nuestros muchachos”, advierte.
Luis de la Barreda Solórzano asegura que si este gobierno saliente hubiera atendido la extensa investigación que elaboró la anterior gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabezó Luis Raúl González Pérez, el caso Iguala ya hubiera sido resuelto.
“Para decirlo claramente, López Obrador lo que quería era sacar rédito político del caso Iguala y obviamente tenía que fracasar. En aras de todo esto, se comete una verdadera monstruosidad contra Murillo Karam, le imputan desaparición forzada como si hubiera tenido que ver con la desaparición de los estudiantes.
“Entonces el fracaso de López Obrador era un fracaso que tenía que ocurrir, porque no hubo la intención de esclarecer lo que sucedió hace 10 años en Iguala, sino que lo que se buscaba era desvirtuar lo que había demostrado Murillo Karam: que los muchachos fueron asesinados e incinerados muchos de ellos en el basurero de Cocula, donde instituciones muy acreditadas tanto nacionales como extranjeras, acreditaron que en ese lugar se habían incinerado restos humanos”, comenta.
A su juicio, “los muchachos lamentablemente fueron detenidos, entregados al grupo de sicarios Guerreros Unidos y asesinados. Esa es la verdad. Durante seis años, López Obrador intentó construir una versión distinta y no pudo. Entonces, nunca se va a dar a conocer una versión distinta que sea creíble. Se puede construir una versión grotesca, pero una versión creíble no se podrá construir porque esa versión que ya conocemos”, recalca.
Para Michael W. Chamberlin, exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, al inicio del sexenio de López Obrador hubo voluntad política para esclarecer el caso de la desaparición de los 43. Sin embargo, añade que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa descubrió muchos elementos del caso no sólo de los responsables directos, sino también de los que habían obstruido las investigaciones y las responsabilidades, pero añade que estas indagaciones fueron frenadas.
“Esta unidad estaba empezando a ubicar posibles lugares de inhumación de los chicos, pero esta intervención que hicieron para detener, destruir, desviar estas investigaciones, pues más bien lo que generó es esta suspicacia de que no se quiere que se sepa la verdad. Esto es preocupante, porque evidentemente estamos hablando del Ejército en un primer momento”, detalla.
Chamberlin indica que el Ejército justo está ahora tomando un mayor protagonismo, por lo que con esto difícilmente el caso Iguala tendrá una salida distinta en términos de encontrar a los responsables y sobre todo a los normalistas.
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“La investigación de Ayotzinapa lo que refleja es un problema que tiene que ver con la impunidad de la que goza el Ejército. Sí es un fracaso en lo particular, pero toda la política de Manuel [López Obrador] con respecto a los militares es muy contraria a lo que él dijo que iba a hacer, al grado que nos está enfrentando a una militarización que no tiene precedentes en los últimos 100 años”, sostiene.
Añade que a final de cuentas ya se dijo qué pasó con los muchachos, pero sigue pendiente encontrarlos. “Evidentemente están muertos, pero encontrar sus restos es un derecho de las familias, y ese tendrá que ser uno de los retos y desafíos del gobierno de la presidenta Sheinbaum.
“Se sabe una parte de la verdad, pero no se sabe toda. Falta, además, la sanción a los responsables. Yo sigo mirando que hay un problema estructural detrás, que es esta impunidad que tiene el Ejército, que no ha querido dar la información que tiene y ahora mucho menos lo va a hacer porque es una institución mucho más fortalecida de lo que había incluso cuando desaparecieron los jóvenes hace diez años. Entonces, muy difícilmente va a cambiar la respuesta que han tenido los papás hasta el momento”, expone.
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Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, comenta que le parece irónico que un gobierno que medró políticamente con el sufrimiento de los padres, hoy ofrezca impunidad a elementos del Ejército que presuntamente estuvieron relacionados con la desaparición de los 43.
“Se ha demostrado que elementos de la Marina se prestaron para alterar la escena del crimen para poder simular que habían encontrado parte de los cuerpos en el basurero. La información llega al entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos. Y nadie de ellos ha enfrentado un proceso judicial por esta negligencia de justicia. Todo apunta al involucramiento de los militares de altos rangos y a esos no se les ha tocado. Y ni se les va a tocar”, asegura.
Enfatiza que en México “sigue habiendo intocables y pese a la valentía de los familiares de las víctimas para exigir justicia, en el fondo el Estado mexicano seguirá burlándose de su tragedia. Y eso la verdad me parece inadmisible”.