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Con el voto en contra de la oposición, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por mayoría de votos tres nuevas leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial.
Se trata de los proyectos enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, por los que se expiden la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial y modifica la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Este paquete de leyes establece las facultades que tendrán instituciones y organismos; medidas para fortalecer la carrera profesional, así como las faltas que deberá castigar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y las sanciones que deberá imponer.
Los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial determinan la nueva forma de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con nueve ministras y ministros y sin división de salas.
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También precisa las facultades que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que en conjunto sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Tribunal de Disciplina Judicial estará integrado por cinco magistrados que serán elegidos el próximo año y se encargará de recibir denuncias, investigar y sancionar a personas juzgadoras que incurran en alguna falta, mientras que el Órgano de Administración Judicial también estará conformado por cinco integrantes, uno de ellos designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y tres por el Poder Judicial, el cual sólo tendrá funciones administrativas.
La priista Carolina Viggiano destacó que su bancada no apoya estas reformas por muchas razones, entre ellas, porque desde el inicio del proceso de reforma, “ha constituido una invasión al Poder Judicial”.
“Como nunca se ha destruido y se ha derribado un poder, incluyendo que ni siquiera se platicó con el mismo para construir reformas que fuera pertinentes (…) Y sabemos que en el Poder Judicial, en el sistema de justicia hay deficiencias. Pero, también sabemos que nos ha costado mucho construir durante muchos años, y sobre todo, que ha sido parte de nuestra República, y no se puede concebir hoy una democracia sin que el Poder Judicial sea parte de la división de poderes”.
La panista Laura Esquivel anunció que Acción Nacional votaría en contra y no apoyará estas leyes secundarias, pues no son nada distinto a todos los atropellos que se han registrado desde que en septiembre pasado se aprobó la reforma al Poder Judicial.
Ricardo Anaya, también del PAN, reconoció que si bien hace falta una reforma de justicia en el país, la reforma al Poder Judicial no se diseñó para atender las deficiencias en el sistema de impartición de justicia, sino para que un grupo en el poder tenga el control del Poder Judicial.
“No hay duda, de que particularmente el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, responde a intereses políticos, y confirma que es el primer mecanismo de control para las listas. Y el segundo es el Tribunal de Disciplina, (…) fíjense que absurdo, darle al Tribunal de Disciplina la facultad de hacer cambios de adscripción, cuando sabemos que en la práctica cuando un juez se porta mal, pues lo cambia de Aguascalientes vamos a pensar ahorita dictar sentencias en materia penal en Sinaloa, en pleno encontronazo entre Los Chapitos y Los Mayos”.
En contraste, la morenista Nora Ruvalcaba aseguró que durante décadas “fuimos testigos de un Poder Judicial cooptado por las cúpulas del poder, convertido en un bastión que perpetraba los privilegios de unos a cuantos”.
Dijo que el Poder Judicial se había convertido en “un espacio blindado para los más privilegiados, que anteponía los derechos de las transnacionales a los del pueblo de México, vimos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación privilegió a las grandes empresas extranjeras por encima de intereses nacionales”.
Luis Alfonso Silva, del Partido Verde, aseguró que con estas leyes “se acabaron los favoritismos, se acabaron las designaciones mañosas, ya no será un proceso cerrado y exclusivo de un pequeño grupo, sino que se abrirá a la participación y escrutinio público”.
Respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas, se establecen cuáles son las faltas en las que pueden incurrir las personas juzgadoras y las sanciones que se les pueden aplicar.
Morenistas destacaron que la Ley de Carrera Judicial busca fortalecer a la Escuela Nacional de Formación Judicial para que, además de brindar servicios al Poder Judicial, pueda capacitar a integrantes de fiscalías y de la policía.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva del Senado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, a fin de ser puesta a consideración del pleno para su discusión y aprobación en la sesión de este jueves.
uul/apr
