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Con 289 votos a favor y 98 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para que el Poder Legislativo expida la ley general para regular a las empresas de seguridad privada.
La modificación al artículo 73 de la Constitución, que ya fue enviada al Senado para su análisis, define que el Congreso tendrá la facultad de emitir las reglas y designar a la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
También los legisladores deberán emitir las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento de los guardias como auxiliares de la seguridad pública.
Además, la reforma describe que se deberán definir en la ley secundaria, que deberá quedar lista antes de los 180 días después de su entrada en vigor, la coordinación de estos prestadores de servicios con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastres.
También debe establecer los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.
