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La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar el fuero constitucional de todos los servidores públicos, incluso se hizo un cambio para que al Presidente de la República se le pueda retirar la inmunidad sin un proceso de desafuero en el Congreso de la Unión.
Así, el Presidente durante su encargo sólo podrá ser acusado, imputado, procesado y sentenciado por traición a la patria y cualquier otro delito, y no podrá ser privado de su libertad salvo que exista una sentencia condenatoria.
Previo a esa modificación al artículo 111 constitucional, el desafuero del Presidente debía avalarse por la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Diputados y por las dos terceras partes del Senado de la República.
El dictamen determinó dejar a los congresos locales la decisión de desaforar a los jefes del Ejecutivo de cada entidad.
En la discusión particular, el artículo 38 de la Constitución Política se reservó a petición de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y el Revolucionario Institucional (PRI), ya que cualquier persona sujeta a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal perdería sus derechos políticos.
Al respecto, la diputada Martha Tagle (MC) abogó por que la suspensión de los derechos políticos de cualquier persona sea válida solamente cuando exista una sentencia condenatoria en contra; mientras que Claudia Pastor Badilla (PRI) se pronunció por eliminar la fracción segunda del artículo.
