Avanza en San Lázaro Ley General contra la Extorsión; endurece penas hasta 25 años de cárcel

Las y los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron por mayoría de votos la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.

Quedó avalada por 25 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, PAN y MC, así como tres abstenciones por parte del PRI, en medio de cuestionamientos por el riesgo de que cerca de 500 presos sentenciados por extorsión en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las penas son mayores de las que establece la nueva ley, queden en libertad.

“Esta reserva va a promover que criminales de alto impacto salgan a las calles. En Chihuahua, por ejemplo, la penalidad es superior y va a propiciar que entre 130 y 150 personas que cometieron el delito de extorsión salgan en libertad, entonces ¿cuál será la estadística en los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo donde la pena máxima también es más alta? Calculamos que serán cerca de 500 personas que van a salir antes y que muy probablemente van a cometer el mismo delito, porque no van a tener una reinserción social adecuada”, declaró el diputado del PRI, Alejandro Domínguez.

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El legislador panista, César Damián Retes, explicó que en el caso de Baja California, la pena mínima por extorsión es de 7 años de prisión, mientras que la reforma presidencial contempla 6 años: “Pareciera que lo que quiere la presidenta es bajar la sanción, entonces creo que la sanción debe de ir para arriba no para abajo”.

En respuesta, la diputada del PT, Lilia Aguilar, consideró legítimos los cuestionamientos por las penas, pero detalló que en 25 estados las penas son menores a las establecidas en la iniciativa, que contempla de 6 a 15 años de cárcel. Recordó que además, existen agravantes que pueden incrementar la sanción hasta en 25 años.

“Existen dudas de los estados que tienen penas mucho más altas y qué va a pasar si los que hoy están detenidos por extorsión se van a cobijar bajo el beneficio de la nueva ley, pero no hay que olvidar que hay 34 agravantes, y la valoración también tendrá que ser en esa misma lógica, ya que dependiendo del agravante las penas pueden subir hasta en dos tercios”, expuso.

En la exposición de motivos, la iniciativa explica que de 2019 a 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra un incremento del 20.8% en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, mientras que el 57.8% de los casos de extorsión a nivel nacional, considerado ya como un delito de alto impacto, se concentran, principalmente, en cuatro entidades federativas: Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

Reconoce que a pesar de los esfuerzos emprendidos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han logrado consolidar la prevención, investigación, persecución y sanción efectivas de dicho delito.

Por lo anterior, la iniciativa plantea establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa 100 a 500 quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

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“Homologar criterios en todo el país permitirá garantizar una persecución efectiva del delito, fortalecer la persecución penal mediante la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, así como dotar de atribuciones claras a las autoridades responsables de la investigación y sanción”, detalló el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera.

En tanto que la diputada morenista, Jessica Saidén Quiroz, puntualizó que “al perseguir este delito de oficio se está marcando una diferencia fundamental, ya que no vamos a depender de que la víctima tenga que presentar una denuncia y esto representa un gran logro”

Además, explicó, se pone a disposición la línea 089 para que cualquier persona pueda reportar de manera anónima.

En su oportunidad, el diputado de MC, Juan Zavala, recordó que la reforma plantea la creación de centros adscritos a la Secretaría de Seguridad, pero no se contemplan recursos para ello.

La ley también contempla 34 agravantes divididas en 3 categorías, organizadas conforme a la gravedad de la afectación al tipo de bien jurídico tutelado.

Además, propone una tercera categoría de agravantes con el objeto de incrementar la pena, de la mitad hasta dos terceras partes más, es decir, hasta 25 años de prisión en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social.

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“Entre las agravantes que se proponen en este apartado destaca el uso de violencia física, moral o psicológica, la simulación de un hecho de tránsito ("monta choques"), cuando se cometa por una persona servidora o exservidora pública, intervengan personas armadas, se utilicen a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”.

Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la mesa directiva para su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

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