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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por 37 votos a favor, el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales contra la extorsión.
La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para expedir la ley general en la materia.
Y las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta que el Congreso de la Unión emita la ley general de la materia.
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El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, señaló que el delito de extorsión afecta una buena parte del país, y no se limita a un territorio, por lo que es necesario legislar para contener dicho delito.
Además, solicitó crear un grupo plural de trabajo para proponer una ley general contra la extorsión.
“Que podamos abrir un espacio para ir trabajando esta ley general que se anuncia, esta ley secundaria que se anuncia, para que contenga las opiniones de los gobiernos de los estados, que ahora sería concurrente ahí la fusión de los señores fiscales, de las entidades, expertos de las barras de abogados y de todos nosotros, que analicemos este fenómeno relativo en todas sus vertientes”, dijo.
La diputada panista Cristina Márquez planteó que la ley general que se derive de la reforma constitucional para facultar al Congreso a legislar en la materia, debe fortalecer las instituciones que tienen que participar en el desarrollo de las tareas para evitar, prevenir, detectar y sancionar la extorsión en cualquier caso.
“De ninguna manera podríamos no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país, y que ha degenerado en la delincuencia, de ser un delito patrimonial, a convertirse ahora en un delito que afecta la libertad y la seguridad de las personas, ya lo patrimonial pasa a ser algo prácticamente accesorio”, afirmó.
La diputada morenista Clara Cárdenas expuso que destacan dos modalidades usuales de extorsión en el país, las estafas telefónicas y el cobro de derecho de piso, “actividad que proviene generalmente de los centros penitenciarios”.
“Para el primer trimestre de este año, se registraron oficialmente 5 mil 887 víctimas de extorsión, lo cual significa que este delito aumentó 87% en 10 años, y cabe señalar que este delito no solo afecta a las empresas, es una cadena que impacta de manera negativa en la creación de empleos, en la inversión extranjera y nacional, en el crecimiento económico, en la generación de infraestructura y mejoras de servicios públicos, incluyendo salud y educación”, expresó.
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