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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó por 32 votos a favor y tres abstenciones, el dictamen que plantea endurecer las penas de prisión en la Ley de Instituciones de Crédito, a aquellas personas denominadas “montadeudas” que utilizan aplicaciones para extorsionar a quienes solicitan un préstamo con ellos.
El proyecto, enviado a la Mesa Directiva para programar su discusión en el pleno, plantea reformar la Ley para prohibir a las instituciones de crédito solicitar acceso a la información privada como contactos, fotografías y video contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas, computadoras de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera.
“Salvo aquellas indispensables para dar cumplimiento a las políticas de prevención, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las Disposiciones Generales de la materia”, señala el documento avalado.
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También propone incrementar la pena establecida actualmente, que es de uno a seis años de cárcel, a un año y seis meses, como mínimo, hasta nueve años de prisión cuando la conducta se realice a través de la utilización de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago y plataformas que ofrezcan servicios digitales, redes sociales o servicios por internet.
Los llamados “montadeudas” crecieron en un 454% a finales de 2022, al comparar el promedio contra 2021, pues al 7 de julio de 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ya tenía registrados 5 mil 452 reportes por el esquema de extorsión.
El diputado Yerico Abramo Masso, del PRI, señaló que la reforma evitará que millones de familias del país, dejen de caer en las manos de agiotistas disfrazados de empresas ilícitas, que además de cobrar intereses excesivos, también roban datos personales. “Desde 500 hasta 20 mil pesos prestan, con 250% de interés anual”, expuso.
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Por su parte el diputado Carol Altamirano, de Morena, dijo que los legisladores no pueden permanecer de brazos cruzados ante la acción de personas y empresas que realmente no son oferentes de un legítimo servicio financiero, “sino extorsionadores, que se ensañan con la población más necesitada”.
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