Más Información
La Comisión de Gobernación y Población aprobó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El dictamen, avalado en lo general y en lo particular por 20 votos a favor, cero abstenciones y seis en contra, se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para los efectos de su programación legislativa.
El presidente de la instancia, Jaime Humberto Pérez (Morena), señaló que uno de los más importantes reclamos que hacen la sociedades es la solidificación del combate a la corrupción y el castigo o sanción para todos aquellos servidores públicos que violan las leyes.
Señaló que la encomienda de la sociedad es crear y hacer vigentes las disposiciones que sean necesarias para que el país crezca de manera firme, democrática, pacífica, orgullosa de sus orígenes y de su porvenir; que su administración pública tenga el arraigo y pulcritud necesarios para que las instituciones del Estado procuren la obtención de una vida institucional transparente, honesta, responsable y con pleno respeto a los derechos humanos.
Pérez dijo que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente está desarmonizada para dar una eficiente respuesta a las necesidades actuales, tiene una estructura interna agotada y está en disonancia con la ley suprema del país, los derechos humanos y el resto del sistema de procuración de justicia; mantiene un camino estrecho.
La nueva ley, afirmó, es respetuosa de los derechos humanos y de los artículos constitucionales; es una norma que respeta y procura los principios de transparencia, debido proceso, legitimidad, certeza y seguridad jurídica, celeridad y continuidad procesal.
La normativa, agregó, contempla un artículo que se refiere a los sujetos, causas de juicio político y sanciones de sus cuatro artículos. El Capítulo Segundo, integrado por 14 artículos, se refiere al procedimiento del juicio político, al cual se propone que la Cámara de Diputados sustancie, por conducto de su Comisión Jurisdiccional y la instrucción de los procedimientos dispuestos en el nuevo marco normativo, además de establecer con claridad la competencia de los órganos en los procedimientos que se ventilen.
