Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la minuta de nueva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece prisión de hasta 41.6 años a quienes cometan este delito.
La nueva ley que será discutida y aprobada en el pleno del Senado este miércoles, contempla también una básica de 15 a 25 años de cárcel a quien cometa este delito. Se establece por primera vez establecerá penas homologadas en todo el país y que convierte la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.
Entre las agravantes se establecen que cuando exista violencia, armas, disfraz de policía, entre otros, se suma entre 3 y 17 años más, alcanzando hasta 41.6 años de prisión. En el caso de los llamados montachoques se considerados modalidad agravada.
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Cuando existan autoridades cómplices: hasta 20 años si no denuncian los delitos que conocen.
Hasta 30 años para autoridades que permitan extorsiones desde prisión y 12 años por ingresar celulares o dispositivos. Se prevé la destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que se elevó el tipo penal básico de 15 a 25 años de cárcel, para evitar que en los estados donde el tipo es más alto, se busca evitar que quienes están sentenciados por extorsión puedan ser beneficiados y salir en libertad.
Realizan 15 modificaciones en el Senado
Explicó que se realizaron 15 modificaciones respecto a la minuta enviada desde San Lázaro, como es la creación de policías, analistas, ministerios públicos certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión.
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Carolina Viaggiano, senadora del PRI, respaldó a nombre de su bancada la reforma pero expuso que “una ley general no resuelve por sí sola el problema que ya desbordó al estado. Necesitamos un presupuesto real para los estados. La extorsión es un delito principalmente del fuero común. Sin más recursos para policías, fiscalías y tribunales locales, la ley será letra muerta”.
“Necesitamos una protección real a las víctimas. Si el 97 % no denuncia, no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores, porque desde ahí, como lo vimos con la Barredora, están quienes protegen a los que delinquen fuera”, apuntó.
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