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La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución por las que, por primera vez, será posible en el país un proceso de revocación de mandato. Además, modificó las reglas para la realización de consultas populares.
La aprobación de las enmiendas a los artículos 35, 36, 41, 81, 99 y 116 de la Constitución tuvo el aval de los diputados de todas las bancadas, menos del PAN, y fueron remitidas a los congresos estatales para concluir el proceso.
A diferencia de hace unos meses, en esta ocasión votaron a favor Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PES y PVEM, pero el PAN votó en contra, pues advirtió que las enmiendas son un “engaño” e insistió en que le preocupa una reelección presidencial.
Conforme a lo aprobado, el procedimiento de revocación de mandato es un derecho de los gobernados, por tanto, sólo podrá solicitarlo 3% de los ciudadanos en la Lista Nominal de Electores dispersos en 17 entidades. Cada una debe contar con 3% del listado nominal local.
El Instituto Nacional Electoral (INE) convocará, organizará, difundirá y dará los resultados de la revocación de mandato, la cual podrá solicitarse en una sola ocasión y dentro de los tres primeros meses siguientes a la conclusión del tercer año de gobierno en curso.
El proceso se realizará 90 días después de la convocatoria y en una fecha que no coincida con ninguna elección.
Además, se abre la posibilidad de que en las entidades se incluya este proceso, a solicitarse por 10% del listado nominal distribuidos en la mitad de los ayuntamientos.
Dichos cambios fueron introducidos por el Senado el pasado 15 de octubre, por lo que se amplió el consenso, pues las reformas aprobadas por los diputados establecían que el Congreso sería el convocante de un proceso de revocación de mandato que podría ser solicitado por el Presidente, por un tercio de la cámara o ciudadanos, y que sería el mismo día de las elecciones federales, por lo que el Ejecutivo estaría en las boletas.
En contra
Los panistas Ricardo Villareal y José Elías Lixa dijeron que es prácticamente imposible para los ciudadanos alcanzar el umbral requerido (2.7 millones de firmas). Agregaron que el INE será el responsable, pero sin darle presupuesto. Además, para ser vinculante, requeriría que 36 millones de mexicanos votaran.
“Podría salir más caro el caldo que las albóndigas”, dijo Lixa, pues si se decide quitar al Presidente, el Congreso decidirá quién queda, y podría ser “otro de la 4T”.
Por el PRI, Enrique Ochoa Reza advirtió el riesgo de que una revocación de mandato dé pie a que el país tenga tres presidentes en 32 días: el saliente, el provisional hasta por 30 días, que será el que elija el Congreso, y el sustituto hasta concluir el periodo.
Respecto a la consulta popular, las reformas aprobadas también merecieron el apoyo de casi todos los partidos, menos el PAN.
El apoyo también se debió a que el Senado modificó lo avalado por los diputados: ahora sólo el INE difundirá estas consultas. Además, se introdujeron mecanismos como la prohibición de terceros para que contraten propaganda que busque influir en la opinión de los ciudadanos, prohibió publicidad gubernamental y estableció a agosto como fecha única de realización.
