El número de mujeres privadas de la libertad ha aumentado significativamente en los últimos años y con ello, la violencia que viven dentro de los centros penitenciarios, alertó Ángela Guerrero, coordinadora de Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA) Justicia Social. Además, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 46.9% no cuentan con una sentencia.
“Desde el año 2006 esta población empezó a incrementarse. Hay momentos donde ha disminuido y hay otros momentos donde ha ido en aumento. Y esto responde a muchas cosas, en principio responde a cómo se han utilizado las leyes, en especial la cárcel, como este único método para inhibir otro tipo de delitos y donde las mujeres se llevan un impacto desproporcionado”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Agregó que una de las razones por las que las cárceles están llenas, responde a los procesos que hay dentro del sistema penitenciario y a cuánto tardan los jueces en darle una sentencia a una mujer, así como cuáles son los criterios que toma para declararla culpable, establecer los años que va a estar en prisión y las posibilidades de su salida de prisión.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, la población femenina pasó de 10 mil 289 en 2017, a 13 mil 354 en 2023, es decir, incrementó 29.7% en siete años. Por su parte, más de 6 mil mujeres no han recibido una sentencia condenatoria, lo que las pone en riesgo de ser víctimas de violencias estructurales.
“Hay violencias de muchos tipos, desde el primer momento de la detención, se da la violencia física, la violencia sexual, lamentablemente por algunas autoridades de seguridad. Dentro de los centros varía, por supuesto, de los contextos en los estados, por ejemplo, donde se les viola su derecho a la reunificación familiar”, explicó Guerrero.
En varios casos, advirtió, las autoridades violan su derecho a la educación, y esto es contrapuesto en el caso de los hombres, que cuentan con más posibilidades de estudiar una carrera o de continuar sus estudios. Muchas de ellas tampoco pueden trabajar dentro del centro penitenciario, lo que las lleva a trabajos informales y, a su vez, alimenta la irregularidad con las empresas que desarrollan algún programa laboral dentro de las cárceles.
“Su derecho a la identidad, aun cuando ya se abrió la posibilidad del ejercicio del voto, todavía no se ha resuelto de manera completa el derecho a la identidad, y eso les limita otros derechos dentro de los centros penitenciarios. Ellas no cuentan con un documento que las identifique, por lo que no pueden continuar sus estudios de secundaria”, advirtió.
De acuerdo con el Diagnóstico Sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad, desde un enfoque interseccional, en los centros penitenciarios existe un doble estándar acerca de la sexualidad para los hombres y otro para las mujeres: “A ellas se las prefiere asexuadas, esta idea se refleja en la infraestructura en los anexos femeniles donde no existen áreas de visita conyugal o su espacio es de una sola habitación y se utiliza para otros fines”.
El documento, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alerta sobre las condiciones de violencia que viven mujeres indígenas o con alguna discapacidad, así como las violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. “Lamentablemente, las leyes que tenemos no están respondiendo a los acuerdos y a los convenios firmados por México a nivel internacional, estas leyes donde establecen una edad límite para que las madres y los hijos puedan tener a sus hijos dentro del centro penitenciario es sumamente limitado y biologista”, enfatizó Guerrero Alcántara. Explicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido en diversos instrumentos que cada caso de un menor dentro de un centro penitenciario se debe revisar y que se debe utilizar el criterio de la edad para decidir si permanece junto a la madre.
“Lo que tenemos es eso, que a los tres años los menores deben salir de los centros penitenciarios y por eso se dio el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad y también a brindarles una posibilidad a los menores de unificación familiar, dadas las condiciones que se están viviendo”, puntualizó.
Por otro lado, la salud física y mental de las mujeres privadas de la libertad también se ve afectada por las malas condiciones en las que se encuentran en las prisiones. Ejemplo de ello se dio en el Cefereso 16 en Morelos, donde 19 mujeres se han suicidado en los últimos tres años.
Organizaciones sociales y la misma CNDH habían alertado de las condiciones precarias en las que se encuentran ahí, destacó.