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Antes de su extinción el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) cometió presuntos daños al erario por más de 272 millones de pesos.
Así lo advierte la auditoría de Cumplimiento Forense 2024-0-03110-23-0108-2025, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en la que se da cuenta de que presuntamente el Poder Judicial reportaba pagos por servicios de seguridad, vigilancia, mantenimiento y servicios de impresión, pero no comprobó que realmente se hayan realizado.
De acuerdo con la fiscalización, el CJF dio un contrato por 431 mil 900 pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales, S.A. de C.V., sin embargo, el servicio de comedor en la administración regional en Toluca, Estado de México quedó suspendido durante los meses de septiembre y octubre de 2024, y pese a ello, “no se rescindió el contrato”.
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De igual forma, se denuncia un pago de 21 millones 467 mil pesos a las empresas Seguridad Privada Integral Macotela, S.A. de C.V., Servicios Integrales Pesados S.A. de C.V. y Sedegral Seguridad Privada Defensa en General S.A. de C.V., para servicios de seguridad, sin embargo, no se proporcionó evidencia documental que acredite que la prestación de dichos servicios.
En la fiscalización, la Auditorías Superior observó el pago por 92 millones 861 mil pesos a la empresa Distri Copy, S.A. de C.V. por los servicios de impresión, digitalización y copiado, detectando las siguientes inconsistencias: “No se contó con el reporte de lecturas electrónicas del consumo inicial y final por cada uno de los equipos; o en su caso, la evidencia documental especificando la razón por la cual el proveedor realizó levantamientos manuales (Captura) y el motivo de la existencia de equipos que no estaban registrados en la herramienta MICAS”.
Tampoco entregó soporte documental de la prestación del servicio de mantenimiento de las áreas comunes del edificio denominado "Torre AFIRME" ubicado en Monterrey, Nuevo León, por el que reportó un pagó por 9 millones 983 mil pesos a la empresa Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V.
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Otra irregularidad denunciada en la auditoría, es el pago por 39 millones 488 mil pesos a la empresa Eos Limpieza, S. de R.L. de C.V. del cual “no hubo documentación que acredite la prestación del servicio de limpieza, de conformidad con el contrato número CON/DGRM/DCS/104/2023 y su anexo técnico”.
En las conclusiones de la fiscalización se establece que en total, el Consejo de la Judicatura realizó pagos por 21 millones 467.4 mil pesos “sin la documentación que acredite el servicio de seguridad y vigilancia de sus inmuebles”; por 49 millones 471 mil 700 pesos “sin la documentación que acredite el servicio de mantenimiento de los edificios y el servicio de limpieza”; por 201 millones 066.4 miles de pesos “sin la documentación que acredite los servicios administrados de impresión, digitalización y copiado, de soporte especializado del software de firma electrónica y equipos de seguridad, mantenimientos correctivos y preventivos a los equipos tecnológicos, de audio y video, bienes y servicios de licenciamiento y soporte premier, servicios administrados y extendidos de la red local LAN; y no hizo efectiva la póliza fianza por la suspensión del servicio de comedor por 431 mil 900 pesos.
Derivado de ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un total de 34 observaciones, entre las que destacan 11 recomendaciones, y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
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