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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por 15 mil 656 millones de pesos en las auditorías que practicó a las 299 dependencias del gobierno federal y 32 entidades del país de la Cuenta Pública de 2017.
Este miércoles, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó el segundo pliego de informes individualizados de la Cuenta Pública 2017 a la Cámara de Diputados, en donde informó que de marzo a la fecha, la ASF ha presentado 53 denuncias penales por posibles daños a la hacienda pública federal, entre ellas, siete promovidas en este mes, relacionadas con contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que equivalen a un monto de mil 900 millones de pesos, conocida como la Estafa Maestra.
Las denuncias presentadas en octubre son contra Sedatu y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, por un monto de 97 millones de pesos; contra la Sedatu y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, por 450 millones de pesos; contra la Sedatu y la Universidad Politécnica de Chiapas, por 186 millones de pesos.
Hay otra denuncia penal contra la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo, por 353 millones; otra contra la Sedatu y el Sistema Quintanarroense de Comunicación social, por 356 millones; así como contra Sedatu y la Televisora de Hermosillo, por 271 millones, y la última contra la Sedatu y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, por 185 millones.
En total, incluidas éstas siete, se han presentado 30 denuncias penales relacionadas con contrataciones celebradas por diversas dependencias y entidades, con universidades públicas y sistemas de radio y televisión, por un monto de casi 5 mil millones de pesos.
La ASF dijo que muchas de las contrataciones que se realizan bajo el amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos.
“Debido, principalmente, a que se ha generado un ambiente de discrecionalidad en la interpretación de dicho ordenamiento jurídico que, a su vez, ha propiciado esquemas de fraude y corrupción, y que han sido reiteradas por la actual administración de la Auditoría Superior de la Federación, situación que ha derivado en el reciente inicio de procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, así como la presentación de denuncias penales”, establece la ASF.
