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La atención a víctimas será insostenible si el gobierno federal no establece medidas de prevención de delitos y de violaciones a derechos humanos, alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Tercera Entrega de la Cuenta Pública correspondiente a 2018.
Al hacer una comparación entre los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y la cantidad de afectados que acuden a esta dependencia en busca de ayuda, la ASF estimó que se corre el riesgo de que los mexicanos que hayan padecido un ilícito no puedan ser atendidos correctamente por el Estado.
“Los datos ilustran que la tasa media de crecimiento anual de víctimas atendidas es mayor que la de los recursos destinados para su atención, aunado al incremento del número de medidas otorgadas, por lo que es preciso que el gobierno federal incentive medidas de prevención a los delitos y violaciones de Derechos Humanos, ya que los recursos del FAARI serán insuficientes para atender la demanda”, señaló la auditoría 1581.
La ASF informó que entre 2015 y 2018, el número de medidas otorgadas a víctimas creció 460%, mientras que el presupuesto del FAARI sólo creció 29.3% anualmente. Esta disparidad fue lo que llevó al órgano especializado de la Cámara de Diputados a construir su hipótesis.
La CEAV opera desde 2014 y su trabajo es otorgar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño a las víctimas de delitos del orden federal y quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales.
De esta manera la Comisión Ejecutiva, a través del FAARI, utiliza recursos para ayudar a las víctimas en su hospedaje, servicios médicos y sicológicos, alimentación, traslados, gastos funerarios, compensaciones económicas e incluso se pueden contratar peritos independientes para avanzar en alguna investigación.
Además de hacer énfasis respecto al dinero con el cual opera el FAARI, la ASF también alertó sobre el poco personal en la CEAV: “De acuerdo con el comportamiento de los datos, se observó que el total de víctimas desde 2015 a 2018 ha crecido a un ritmo superior que el del personal activo que atiende a las víctimas”.
Y agregó: “De no cambiar las condiciones actuales, el número de víctimas que puede atender con su personal será superior a su capacidad instalada, por lo que se considera indispensable que la CEAV realice un análisis operativo en función de sus necesidades de personal a nivel nacional, a fin de focalizar su ámbito de actuación y cumplir con sus objetivos”.
Piden aclarar número de víctimas
Además de hacer estos señalamientos, la ASF también llamó la atención sobre el registro de víctimas que tiene la CEAV, pues a consideración del órgano especializado, esta base de datos no se encuentra completa y por tanto no hay una cifra exacta de cuántos mexicanos sufrieron alguna vulneración a sus derechos.
En buena medida esto ocurrió porque la CEAV convino con las 32 entidades federativas intercambiar información el número de víctimas registradas desde 2015; sin embargo, diez estados no cumplieron con sus compromisos y no se pudo completar el registro de personas vulneradas.
Según datos de la CEAV, desde su creación, en total ha recibido 39 mil 355 solicitudes de personas que buscan ser parte del Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
