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En tres de cada 10 mañaneras y conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador se criticó y atacó directamente al poder judicial. Mientras que en 102 (24%) de las sesiones de la Cámara de Diputados, las y los legisladores atacaron la legitimidad de las personas juzgadoras en el ámbito federal y en el Senado lo hicieron en 101, 22% de las sesiones.
De acuerdo con el informe “La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México, 2018-2024”, hubo cuatro tipos de ataques: la deslegitimación, el ataque a la separación de poderes, los embates presupuestales y la reforma judicial. Entre enero de 2019 y septiembre de 2024, se observó que la mayoría de los ataques se centraron en deslegitimar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) indicó que la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) produjo un incremento en los ataques en contra del Poder Judicial.
“Los ataques se volvieron más directos y frecuentes, tanto en las conferencias matutinas del presidente como en las sesiones del Pleno de la cámara de diputados y la cámara de senadores. A diferencia de Arturo Zaldívar, quien fue elogiado por su desempeño, AMLO y su partido acusaron a la ministra presidenta de promover un activismo judicial en la Corte”, precisó.
La organización identificó que otra forma de ataques fueron aquellos que se realizaron mediante actos legislativos. En total, en el sexenio se identificaron 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias que buscaron modificar la estructura institucional del Poder Judicial.
El 52% de esas iniciativas fueron presentadas por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su coalición, mientras que el resto fueron presentadas por legisladores de la oposición. En más de la mitad de las iniciativas (59%) se atenta contra la “independencia judicial”, mostrando una tendencia clara hacia la intervención en el diseño institucional y la autonomía del PJF.
El análisis concluyó que los ataques y críticas analizados provinieron únicamente del presidente como individuo, así como de las personas legisladoras. Sin embargo, en estos ejercicios también hubo ataques de otros actores, en el caso del Ejecutivo las críticas y descalificaciones a la función judicial también se dieron por parte de los secretarios de Estado, gobernadores, simpatizantes de Morena y periodistas afines al gobierno invitados a las conferencias mañaneras.
Respecto a la deslegitimación que ejercían hacia los jueces y juezas federales, se les calificaba como “ineficientes”, “corruptos”, “conservadores”, “garantes de intereses del gran capital” o una “élite privilegiada”, con el objetivo de minar la confianza pública en la judicatura.
Por su parte, los ataques clasificados en el rubro de “Separación de poderes” se dirigieron a cuestionar los límites entre los poderes del Estado. La categoría de “Presupuesto y salario” tenía como objetivo debilitar la independencia financiera del PJF y erosionar públicamente su legitimidad mediante la estigmatización de su estructura salarial.
“Aquí se encuentran narrativas que presentaban a las personas juzgadoras como integrantes de una “élite dorada”, desligada de las necesidades del pueblo. Se cuestionan tanto los sueldos como los beneficios laborales y la existencia de fideicomisos del PJF”, señala la Fundación.
Mientras que la categoría “Reforma judicial” concentró las amenazas retóricas orientadas a transformar el diseño institucional del Poder Judicial, cambiando su rol en el sistema político, así como su organización interna, afectando tanto la dimensión de independencia judicial externa como la de independencia judicial interna.
Los ataques del Ejecutivo y el Legislativo al PJF tuvieron una tendencia ascendente durante el sexenio de AMLO, se intensificó en los últimos años, cuando la oposición y otros actores institucionales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acudían a la Corte para solicitar la revisión de la legislación aprobada que estimaban inconstitucional. Al emitir suspensiones y sentencias que no favorecían los intereses del Ejecutivo, se desataban las críticas contra el PJF.
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Muchas de las políticas preferidas de López Obrador fueron revisadas, a solicitud de la oposición y la ciudadanía, por la Corte y por otros jueces y juezas del PJF. En diversas ocasiones estas políticas –reformas a leyes secundarias– fueron suspendidas o declaradas inconstitucionales. Estos resultados fueron cuestionados por López Obrador y su partido.
“En este escenario, un Poder Judicial activo suele convertirse en un objetivo recurrente de ataques cuando cumple con su función de frenar los excesos del Ejecutivo y de garantizar el respeto al orden constitucional”, señala el informe.
Por lo que la tensión entre estas dos visiones (una centrada en una democracia mayoritaria y otra en una democracia constitucional-liberal) está en el centro de los embates recientes contra la justicia en diversas partes del mundo, particularmente en contextos donde un liderazgo populista o autocrático se impone sobre las reglas del Estado de derecho.
Para elaborar dicho informe, se analizaron 1646 versiones estenográficas de las “mañaneras” y conferencias de prensa que López Obrador sostuvo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. Asimismo, se analizaron las versiones estenográficas de 423 sesiones de la cámara de diputados y 459 sesiones en la cámara de senadores, de septiembre de 2018 a agosto de 2024 (cuando concluyó la legislatura).
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