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De los costos asociados al robo de combustibles en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), hay uno que genera serias preocupaciones al gobierno federal: las tomas clandestinas se están ejecutando cada vez con mayor violencia en contra de los trabajadores de la petrolera dedicados a vigilar las instalaciones y cerrar las perforaciones ilegales.
El problema, de acuerdo con información de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, ha llegado a tal grado que entre 2017 y 2018 (los dos últimos años de la pasada administración), entre 14 y 17 de cada 100 trabajadores dedicados a vigilar los ductos fueron agredidos por los huachicoleros.
El número de trabajadores petroleros agredidos físicamente por el crimen organizado y los huachicoleros aumentó de cuatro en 2013 a 162 en 2018.
Un año antes, 207 petroleros —la cifra más alta de esos cinco años— que realizaron trabajos de vigilancia y cierre de ductos dañados por las tomas clandestinas fueron agredidos, aunque la empresa se reservó el tipo y gravedad de las lesiones. Además, la desventaja del personal de Pemex es que es superado tanto en número como en equipo y armamento por las bandas de delincuentes.
Pemex no respondió a una solicitud de información en la que se le preguntó si algunos de sus trabajadores habían perdido la vida a manos de los huachicoleros desde que se empezó a registrar el número de lesionados.
En los primeros dos meses de este año, la petrolera ya tiene reportados 23 trabajadores con algún tipo de lesión, 12 de ellos, más de la mitad, fueron agredidos en Tabasco.
En total, en los últimos cinco años, 540 trabajadores de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex fueron reportados como lesionados.
Las estadísticas de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex refieren que la violencia en contra de los trabajadores apareció en 2013, porque en 2012 “no se tienen registradas agresiones de este tipo”.
Sin embargo, la mayor incidencia de los ataques en contra de trabajadores de Pemex se presentó en los dos últimos años de la pasada administración (2017 y 2018).
En esos años, la cifra de lesionados fue de 207 y 162, respectivamente.
La preocupación de las autoridades encargadas de la seguridad de las instalaciones y personal de Pemex, así como de organismos como la Fiscalía General de la República (FGR) y de las secretarías de la Defensa y Marina, radica en que el problema de las tomas clandestinas no se ha resuelto, independientemente de que el volumen robado esté disminuyendo, como lo ha señalado el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
Tan sólo en el primer trimestre de este año, el número de tomas clandestinas sumó 4 mil 379 tomas, en comparación con las 3 mil 691 reportadas en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento de 18.6% y significa un riesgo para los trabajadores de Pemex dedicados a vigilar los ductos.
El modus operandi de los delincuentes es llegar en grupos de 10 y hasta 15 elementos armados en camionetas a los lugares en donde detectan personal responsable de la vigilancia, para someterlos o agredirlos.
La idea es amenazarlos para que se vayan mientras ellos se dan a la tarea de sustraer hidrocarburos de tramos.
“Si no responden a las amenazas son golpeados o privados de su libertad por cuatro o hasta cinco horas”, reveló un funcionario de la petrolera que pidió no ser citado.
El problema es que el personal de Pemex opera con cuadrillas de apenas tres o cuatro trabajadores y con equipo y armamento que es superado por el crimen organizado.
Esta situación ha contribuido a que el número de trabajadores de Pemex dedicado a estas tareas haya sido inconsistente en los últimos nueve años dos meses: En 2010, la empresa reportó 931 efectivos pertenecientes a la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. Para 2012, ya eran mil 225, pero para 2016 bajó a mil 93.
La información entregada por la empresa productiva de Estado detalla que las entidades más violentas para el personal de la petrolera, según datos oficiales de 2018 y de acuerdo con cifras proporcionadas por Pemex a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, son Tabasco, en donde se reportaron 42 trabajadores petroleros agredidos por los huachicoleros; seguido por Puebla, con 21; Sinaloa con 18; Chiapas con 17; Tamaulipas con 16; Hidalgo con 12; Campeche y Veracruz registraron 10 cada uno en ese año.
La información que proporcionó Petróleos Mexicanos detalla que las agresiones a personal de la empresa se han registrado en 21 entidades de la República.
En la solicitud de información con folio 1857200145919, la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos indicó que, al igual que sucede a nivel nacional, las agresiones contra trabajadores petroleros han aumentado considerablemente en Tabasco.
Pemex indicó que mientras en 2013 se registró sólo una agresión en esa entidad, el siguiente año subió a tres y en 2015 se ubicó en 16.
Para 2016 descendió a ocho, pero para 2017 se registraron 23 ataques, los cuales casi se duplicaron el año siguiente al sumar 42. En lo que va de este año se han contabilizado una docena de ataques.
De acuerdo con las estadísticas de Petróleos Mexicanos, Puebla es la segunda entidad en la que más agresiones sufren los empleados que acuden a tapar tomas clandestinas, y las cifras van en aumento, puesto que en 2013 no se registró ningún altercado; sin embargo, en 2014 y 2015 sumaron dos incidentes, y en 2016 hubo 29 ataques. Al año siguiente hubo 34 y en 2018 se contabilizaron 21.
Sinaloa es el tercer estado con mayor agresiones al personal de Pemex al registrar 80 incidentes; sin embargo, destaca por ser la entidad con el mayor número de ataques en un año, debido a que en 2017 se registraron 45, la mayor cantidad que una entidad ha tenido.
En Hidalgo, donde se ubica el poblado de Tlahuelilpan —que en enero de este año registró la explosión de una toma clandestina que causó la muerte de 132 personas que hurtaban combustible—, el número de incidentes ha aumentado con el paso de los años: mientras que en 2014 y 2015 sólo se registró un ataque, en 2017 se contabilizaron 13 agresiones y 12 el año pasado.
Los estados que menos número de ataques han sufrido son Sonora, Michoacán y Morelos, los cuales sólo registran un incidente.
Durango y Baja California suman dos agresiones cada uno, y Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México tienen tres ataques a trabajadores de Pemex en los últimos seis años.