Este jueves, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pone fin al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

“DECRETO por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, indica lo publicado por la presidenta .

Como autoridad garante federal destaca “Transparencia para el pueblo”, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro.

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Como autoridad garante local resalta los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas, “quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes”.

Refiere que los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada deben tener las características de accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquinas, en formatos abiertos y de libre uso.

Las autoridades garantes deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, congruencia, documentación, eficacia, excepcionalidad, exhaustividad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

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“El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos correspondientes, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”, se indica. Se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la transparencia a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno.

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kicp/apr

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