Este jueves, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pone fin al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“DECRETO por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, indica lo publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Como autoridad garante federal destaca “Transparencia para el pueblo”, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro.
Como autoridad garante local resalta los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas, “quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes”.
Refiere que los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada deben tener las características de accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquinas, en formatos abiertos y de libre uso.
Las autoridades garantes deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, congruencia, documentación, eficacia, excepcionalidad, exhaustividad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
“El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos correspondientes, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”, se indica. Se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la transparencia a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno.
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