El Instituto Nacional Electoral () debe aclarar un monto por 2 millones 728 mil 128 pesos por daño al erario derivado de irregularidades en pagos a trabajadores, prestadores de servicios por honorarios, entre otros, determinó la (ASF).

En la entrega de la Cuenta Pública 2023, se realizó una auditoría en el rubro de “Erogaciones de Recursos para la Dirección, Soporte Jurídico Electoral y Apoyo Logístico”.

Sobre los prestadores de servicios por honorarios, la ASF observó irregularidades en tres expedientes por 955 mil pesos, ya que no se incorporó la documentación que debió acreditar los años de experiencia requeridos en su perfil de puestos.

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En otros cuatro expedientes, por un monto de 1 millón 405 mil pesos, no se incorporó la documentación que debió acreditar el nivel académico de los prestadores de servicios.

También se observaron pagos a 28 trabajadores por un total de 125 mil pesos por conceptos de estímulos a los que no tenían derecho.

En los registros y controles de asistencia, el Instituto omitió registrar horarios de salida y entrada que ameritarían descuentos por alrededor de 30 mil pesos.

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La ASF detectó un posible daño al erario por 249 mil 515 pesos por falta de evidencia en boletos electrónicos de avión utilizados para foros y eventos del .

La Auditoría señala que no se comprobó que los boletos adquiridos y pagados fueran utilizados por las personas que debían hacerlo de acuerdo con estas actividades.

“Informó estos se adquirieron para personas externas que fueron invitadas a participar en diversos foros y eventos organizados por el TEPJF, respecto de los cuales proporcionó los programas de actividades en los que aparecen los nombres de los participantes, las reservaciones de los boletos aéreos y evidencia fotográfica y ligas electrónicas que comprueban su realización, entre otros; sin embargo, con el análisis de la información sólo se acreditó la participación de tres personas para las que se solicitaron y pagaron pasajes aéreos por 21 mil 500 pesos”, expone.

Además, observó que se hicieron dos contrataciones directas por un mismo servicio, que juntas sumaban una cantidad que ameritaba licitación pública.

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mahc/apr

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