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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que fueron entregados un millón 600 mil pesos a ocho Comités Escolares de Administración Participativa (Ceap), cuyos planteles tenían el estatus de “inactivo”.
En la auditoría al programa La Escuela es Nuestra (LEEN), la institución que dirige Pedro Colmenares señala que en dos casos las tesoreras de los Ceap se quedaron con los recursos, que ascendían a 400 mil pesos, mientras que en uno más el Comité Escolar decidió repartir el recurso entre los ejidatarios de la comunidad.
En la tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública de 2023 realizada a ese programa destinado principalmente para la rehabilitación de la infraestructura educativa, destaca que también que no se no se proporcionó evidencia de la aplicación de 200 mil pesos por parte del referido comité.
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Destaca además que se identificaron 35 casos en los que se reportaron irregularidades en la aplicación de los apoyos, tales como la utilización de recursos para fines distintos al programa por parte de los tesoreros y falta de comprobación, entre otros.
“En tal sentido, la DGLEEN (Dirección General La Escuela es Nuestra) indicó que dentro de sus atribuciones no se encuentra la de recibir quejas y denuncias de los CCS (Comités de Contraloría Social) ni determinar su procedencia pero coadyuva con las autoridades competentes en los procesos de investigación sobre posibles responsabilidades de servidores públicos o en la integración de carpetas de investigación; sin embargo, dentro de sus archivos físicos y electrónicos no se encuentra información relacionada con carpetas de investigación respecto de los 35 casos antes referido”, señala el informe.
Identificó también que de los 94 mil 762 planteles beneficiados, únicamente se constituyeron 44 mil 244 Ceap equivalentes al 46.6%.
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“Es importante señalar que en las Reglas de Operación se establece que la conformación de éstos es voluntaria”, acota el reporte de la ASF.
Señala que “La Escuela es Nuestra” surgió en 2019 como una iniciativa del Gobierno Federal que tiene como objetivo general el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica mediante la aportación de un subsidio económico directo a las comunidades escolares por conducto de la instalación de Comités Escolares de Administración Participativa para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios educativos, así como para brindar servicio de alimentación y apoyar la ampliación de la jornada escolar.
jf/rmlgv