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Durante el operativo que el gobierno mexicano implementó para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, personas acusadas por secuestro, feminicidio, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud huyeron del Centro Penitenciario Aguaruto de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Fichas elaboradas por la Dirección de Prevención y Reinserción Social estatal detallan que 51 reos escaparon de ocho módulos diferentes que conforman la prisión.
La autoridad estatal reportó la fuga de 51 reclusos. Algunos de los criminales que aún siguen prófugos llevaban más de un lustro detenidos; en otros casos, las autoridades se tardaron más de un año en aprehenderlos.
La información oficial destaca que 26 personas privadas de su libertad fueron procesadas por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; ocho de ellas también habían sido acusadas por delitos contra la salud en su modalidad de venta y posesión de drogas.
Otros nueve reos fueron imputados por robos de vehículo, bancario y a locatarios; cuatro, por ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; tres, por delitos contra la salud; dos, por homicidio calificado; un par más, por secuestro; uno, por privación de la libertad, y otro, por feminicidio.
Respecto a los otros tres reclusos fugados del Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, en las fichas oficiales no se detalla cuáles fueron los delitos que cometieron.
Cuatro reclusos se entregaron. Las autoridades sinaloenses informaron que cuatro de los 51 reclusos, que seguían prófugos hasta ayer, se entregaron voluntariamente.
Se trata de Jesús Lara Velarde, acusado por robo de vehículo con arma de fuego; Jesús Mirshael Alarcón Robles, señalado por delitos contra la salud; Armando Manjarrez Serrano, procesado por un robo, e Iván Efraín Armenta Ayón, de quien no se especifica cuál es el ilícito que cometió.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristobal Castañeda, un motín en el reclusorio permitió la huida de los delincuentes. Fueron ellos, aseguró, quienes arrebataron sus armas y sometieron a cinco custodios para poder salir.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no descartó que la fuga esté ligada al operativo para capturar a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
“En una primera etapa no desvincularíamos el hecho, pero no podríamos confirmarlo en este momento”, apuntó el funcionario.
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Los fugados. Édgar Bladimir Armenta González, acusado del feminicidio de Diana Giselle, fue una de las personas que logró salir del Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán. El acusado había sido detenido a finales de septiembre de este año por presuntamente dispararle a la joven que tenía cuatro meses de embarazo.
De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, la víctima ya había recibido amenazas y lesiones por parte de Armenta González. También había una orden de restricción contra el presunto criminal.
El deceso de Diana Giselle está dentro de uno de los 27 feminicidios que se han registrado este año en Sinaloa, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Otra persona que sigue prófuga es Ángel Iván Rivera Alvarado, quien fue detenido por secuestro en 2011, cuando tenía 21 años.
El operativo en el que fue capturado lo realizó la entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. En ese despliegue también se retuvo a otras cuatro personas.
Al momento de su detención, a Rivera Alvarado se le señaló por participar en el secuestro de un agricultor por el cual pedían 2 millones de pesos como rescate.
En la lista también se encuentra Pablo Luis Michel Martínez, capturado en 2016 en Culiacán por haber privado de la vida a Karen Magdaly Salazar, estudiante de la carrera de Odontología en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y por herir con arma de fuego al también alumno Juan Pedro Sandoval Valle.
La versión oficial indicó que Pablo Michel acudió a una fiesta en la que se encontraba la víctima y su entonces pareja, Juan Pedro.
Cuando inició una canción, el agresor habría intentado invitar a bailar a la joven, quien lo rechazó. Ante la insistencia, Juan Pedro intervino, lo cual causó la molestia de Michel Martínez y con una pistola atacó a la pareja.
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Otras dos personas que lograron salir del penal de Aguaruto durante los enfrentamientos del Ejército y presuntos miembros del Cártel de Sinaloa son Jesús Abraham Gutiérrez y Gabriel David Pimentel, quienes fueron detenidos en un mismo operativo en diciembre de 2017.
Sobre ellos pesa una acusación de portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
En un caso parecido estuvo involucrado Jorge Arturo Velarde Rodríguez, aprehendido mientras viajaba en una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 1999, en la que se encontraba una pistola calibre .45 con siete cartuchos útiles. Además, las autoridades de Sinaloa lo señalaron por participar en distintos delitos en Culiacán.
Critican sistema penitenciario. Luego de darse a conocer la fuga de la prisión, organizaciones sociales, expertos en seguridad y sistema penitenciario criticaron que los reos hayan salido sin obstáculos.
“Nos resulta inconcebible que un grupo criminal, volcado en el rescate de su líder, liberara a 50 personas privadas de la libertad en el centro de reclusión de Aguaruto para simularlas en su cometido, perdiendo la vida dos custodios penitenciarios y vulnerando toda noción de seguridad y confianza en un sistema pensado para la reinserción social”, expresaron en un comunicado conjunto asociaciones como Reinserta, La Cana, México SOS y la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.
El escape de los criminales se dio en la cárcel sinaloense mejor evaluada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
El organismo le dio una calificación de seis, en una escala del uno al 10. A pesar de esto, advirtió sobre algunas condiciones que ponen en riesgo la integridad de los reclusos y que permitirían situaciones como las ocurridas el pasado jueves.
El hacinamiento, el autogobierno, la insuficiencia del personal de seguridad, la deficiencia en los procesos de imposición de sanciones y la presencia de actividades ilícitas son algunos de los fenómenos que la CNDH había pedido eliminar para mejorar el funcionamiento de la prisión. También hizo énfasis en la deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como la insifuciencia de actividades deportivas y laborales.
