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En un país como México, reconocido como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; con al menos 32 periodistas desaparecidos y 163 periodistas asesinados desde el año 2000, y con agresiones al menos 1 vez cada 16 horas contra periodistas y medios de comunicación, el hacer público el número de teléfono, es un grave ataque a su libertad de expresión y derecho a la privacidad, dijo Artículo 19.
“Es preocupante que el Jefe de Estado diga que ‘no puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime, que es la libertad. […], por encima de esa ley [de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados] está la autoridad moral, la autoridad política”, expresó el organismo en un comunicado.
Sostuvo que la estigmatización y el hostigamiento desde la tribuna pública a la prensa constituyen un abuso del poder público, y generan un efecto cascada que se está repitiendo por autoridades municipales y estatales. A lo largo de este sexenio, se han documentado cómo en sus propias conferencias y entrevistas, funcionarios públicos de múltiples partidos y en todos los niveles de gobierno tal estigmatizan, criminalizan y agreden a personas periodistas.
Agregó que el impacto de este tipo de acciones podría generar un mecanismo de autocensura donde periodistas y medios de comunicación serán intimidados para efectivamente solicitar información del Ejecutivo Federal, violentando aún más el derecho a la información de la ciudadanía.
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“Esto debilita aún más el debate público y plural que debe existir en una sociedad democrática. Esto es particularmente de riesgo en un contexto donde México está inmerso en uno de los procesos electorales más grandes de su historia”, añadió.
Destacó que “es erróneo decir que la investidura presidencial, la autoridad moral o política, otorga al Presidente o a su equipo de trabajo un poder superior a la legislación mexicana, en la cual se incluyen los derechos a la libertad de expresión y derecho de acceso a la información de la ciudadanía”.
También condenó la publicación de información personal de personas periodistas, y expresó su preocupación por el abuso del poder público como una herramienta para intimidar a la prensa.
“Llamamos a las autoridades de todos los niveles y partidos a atenerse a sus obligaciones constitucionales y los más altos estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información”, expresó.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que revelar datos personales de periodistas e impedirles el acceso a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador son violaciones graves a su derecho a la privacidad, a su seguridad y a la libertad de expresión.
“Desde Amnistía Internacional nos solidarizamos con @Nataliekitro y con las personas periodistas a quienes se les impide cumplir con su labor informativa”, expresó a través de su cuenta de X.
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