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La decisión judicial que impuso nuevas medidas cautelares al periodista campechano Jorge Luis González se encuadra perfectamente en lo que se denomina autoritarismo legal y acerca más al régimen de Campeche, a países como Nicaragua o El Salvador, aseguró Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica
“La medida adoptada por la jueza de control en Campeche, en contra del periodista Jorge González y del medio Tribuna, constituye una violación directa al artículo séptimo de la Constitución, que en congruencia con tratados internacionales de derechos humanos, prohíbe la censura previa”, argumentó.
Precisó que el Poder Judicial Federal revocó dos medidas contra el periodista que también constituían una medida extrema: una para que dejara de ejercer el periodismo durante un periodo, y otra suspendiendo las actividades de la plataforma Tribuna, de la que González fue director por más de 30 años.
“Ante eso, la asesoría jurídica de la gubernatura del estado de Campeche y la Fiscalía solicitaron nuevas medidas cautelares, las cuales fueron otorgadas por la propia jueza, y eso evidentemente es una escalada en la censura que se está imponiendo en aquel estado, en contra de este periodista y este medio”, expuso.
Y consideró que esta situación sienta un peligroso precedente de replicarse en otras entidades de la República.
“Lo que nos preocupa es que, de por sí, los poderes judiciales locales nunca han sido un ejemplo de imparcialidad e independencia judicial, y no nos sorprende que tomen medidas a favor del gobierno, pero sí nos sorprende que se impongan este tipo de medidas que van en contra de la Constitución y de los derechos humanos y de la democracia misma”, enfatizó.
Expresó que espera que “con el cambio de jueces y magistrados, sobre todo a nivel federal, no cambie esa postura garantista de la libertad de expresión, pero sobre todo también esperemos que la nueva Suprema Corte sea consistente y congruente con la doctrina y los antecedentes judiciales que ha venido construyendo los últimos 20 años en materia de libertad de expresión, la cual ha sido una doctrina garantista y progresiva y que ha servido para defender a decenas de periodistas acosados judicialmente.
“Hoy es lo que estamos viendo como un gran riesgo, que esto se repita sin la existencia de contrapesos reales en contra del poder político”.
La tarde de este martes, la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, le impuso nuevas medidas cautelares: el programa Expedientes que conduce Jorge Luis González todos los martes a través de una plataforma, deberá contar con un censor y sus notas tendrán que ser revisadas antes de su publicación.
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