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La Cámara de Diputados aprobó, por 489 votos a favor, reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para que la autoridad penitenciaria garantice que la capacitación para el trabajo cuente con Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional o su equivalente en las entidades federativas, y así las personas sentenciadas puedan hacer válidos dichos estudios una vez que sean liberadas.
Asimismo, la cuenta para la administración de las ganancias o salarios de las personas privadas de su libertad, deberá notificarles mensualmente el estado que guarda. También, se estableció en la ley que si al momento de otorgarse la libertad condicionada, la autoridad penitenciaria no cuenta con el dispositivo de monitoreo electrónico, el juez podrá establecer un convenio judicial de pago o caución suficiente para cubrir el costo del dispositivo, y una vez establecida dicha medida, se procederá a la liberación.
En cuanto a la reinserción social, plantea que ésta deberá procurar la no reincidencia y la adecuada integración a la sociedad. Y que a través de la educación se promoverá la reinserción social , la reconstrucción del tejido social y la convivencia armónica al interior del centro penitenciario.
Reinserción social: pilar del Estado de derecho más igualitario
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) indicó que la reinserción social constituye uno de los pilares de un Estado de derecho más igualitario, y que la operación de los centros de reinserción social se debe basar en el respeto de los derechos humanos de las personas sentenciadas.
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Por su parte, la diputada Karla Ayala Villalobos (PRI) dijo que la reinserción social es un proceso de seguridad pública que empieza y termina con la prevención del delito ; y que es importante garantizar que el sistema penitenciario respete los derechos fundamentales de las personas que han sido privadas de la libertad.
Bernardo Ríos Cheno, diputado de Morena, explicó que el dictamen busca garantizar un mejor desempeño de las autoridades penitenciarias, a fin de garantizar la sana convivencia entre los presos y el personal que labora en los centros penitenciarios.
El pleno aprobó una reserva al dictamen , propuesta por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), al artículo 4, para incluir: “principios rectores del sistema penitenciario, reinserción social, restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos y perspectiva de género que procure la no reincidencia y la adecuada integración a la sociedad”.
La modificación a la Ley Nacional de Ejecución Penal fue enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Con información de Antonio López
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