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Con el voto en contra de todos los grupos parlamentarios de oposición, PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma para consolidar la federalización de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).
La reforma, que modifica diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF) y General de Salud (LGS), se avaló en lo general con 57 votos a favor y 37 en contra.
Con las modificaciones a los artículos 25, 29 y 30 de la LCF y a los artículos 3, 7 y 77 de la LGS se dará acceso al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades federativas que no suscriban convenio con los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.
Esto permitiría que la Federación se encargue de aquellas funciones esenciales para la población, como lo es la atención a las personas que no tienen acceso a los sistemas de salud, aclara el documento.
La reforma establece que los estados que se adhieran al IMSS-Bienestar deben entregar a la Federación los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud.
El dictamen aprobado señala que la reforma “garantiza el principio de eficiencia, eficacia y economía en los recursos públicos”.
Con la aprobación de esta iniciativa, se prevé que el financiamiento de los servicios de salud para las personas sin seguridad social se garantizará a través del presupuesto de egresos de la Federación “y se asegura un adecuado ejercicio del gasto dirigido al objeto para el que fue destinado”.
La senadora del PRI Beatriz Paredes argumentó en tribuna en contra de la iniciativa, donde descalificó la justificación de Morena de que la reforma es necesaria para combatir la corrupción.
Además, señaló que más que federalizar, lo que el gobierno y su partido están haciendo es centralizar los recursos públicos.
“No confundir las expresiones de federalizar con centralizar, que ha sido la característica de esta administración. Si la argumentación para centralizar han sido los casos de corrupción, es una argumentación insuficiente. Si se han dado casos de corrupción, que se combatan, que se condenen y que se aplique la ley en las anteriores administraciones y en la actual administración, pero no se puede castigar al país ni condenar a las regiones de nuestro país a un permanente subdesarrollo”, enfatizó.
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