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aprobó por unanimidad los formatos del 3de3 contra la Violencia de género para que las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección electoral o estructuras internas de los partidos políticos.
En sesión extraordinaria que se celebra esta tarde, los consejeros votaron de manera unánime el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Modelos de Formatos “3 de 3 Contra la Violencia” a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género que presentó la consejera Carla Humphrey.
"La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni intrafamiliar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en estos supuestos", señala el documento aprobado esta tarde.
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A través de la aprobación de estos formatos, los aspirantes a alguna candidatura, ya sea por vía de partidos políticos o por la vía independiente, se convierten en sujetos obligados a firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no han sido condenados, o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género; delitos sexuales; o deudores de pensión alimenticia.
Se considera que esta obligación que corresponde a los partidos políticos y aspirantes a una candidatura independiente consistente en solicitar a los aspirantes que manifiesten no haber incurrido en ninguna de esas conductas.
"Se debe conocer si una persona que aspira a una candidatura incurrió en una conducta que violenta a las mujeres y fue condenado o sancionado por esa circunstancia, pues de ser el caso no cumpliría con la exigencia prevista en la denominada 3 de 3 contra la violencia. Al partirse de la base de que las personas agresoras no están en condiciones de actuar con la finalidad de prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, flagelo que se debe erradicar", señala el acuerdo.
nv
